Estados Unidos elevó este jueves la presión sobre el Gobierno de Cuba con una nueva ronda de sanciones contra tres altos funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y nueve entidades estatales vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana, como la minería, la metalurgia, el comercio exterior y la construcción.
El Departamento de Estado presentó las medidas como parte de la estrategia de la Administración de Donald Trump para debilitar las estructuras financieras y logísticas que, según Washington, sostienen al Gobierno de La Habana y sus actividades consideradas “malignas”.
Entre los funcionarios sancionados figuran el presidente del ICAP, Fernando González Llort; la vicepresidenta primera de la institución, Noemí Rabaza Fernández; y la directora de la división para Norteamérica, Leima Martínez Freire.
González Llort es un exintegrante de la denominada Red Avispa y cumplió una condena en Estados Unidos por espionaje antes de regresar a Cuba. Su inclusión en la lista de sancionados refuerza el alcance político de la nueva ofensiva estadounidense contra La Habana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al ICAP de funcionar como una fachada para operaciones políticas destinadas a influir y desestabilizar dentro de Estados Unidos. El funcionario sostuvo que el Gobierno cubano ha utilizado durante décadas organizaciones pantalla para promover actividades políticas mediante intercambios educativos y culturales.
Rubio también señaló que La Habana habría intentado aprovechar las actividades relacionadas con el centenario del nacimiento de Fidel Castro para facilitar el traslado de simpatizantes estadounidenses a Cuba y establecer contactos con funcionarios del Gobierno de la isla.
Las sanciones también afectan al Ministerio de la Construcción y a ocho empresas y organismos estatales. Entre ellos figuran la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), Acinox Comercial, Coratur, Transimport, Consumimport y Acorec.
Washington advirtió además a terceros países y empresas privadas sobre las consecuencias de mantener relaciones comerciales o financieras con las entidades sancionadas. Rubio afirmó que cualquier persona o compañía que apoye, patrocine o proporcione servicios a esos actores podría quedar expuesta a nuevas sanciones.
El secretario de Estado pidió específicamente a bancos extranjeros y otras empresas que mantengan fondos o presten servicios a las entidades incluidas en la lista que adopten medidas inmediatas para poner fin a esas relaciones.
La nueva ofensiva amplía el régimen de sanciones impulsado por Trump mediante una orden ejecutiva emitida en mayo, que incrementó las restricciones financieras contra funcionarios cubanos, miembros de las fuerzas de seguridad y otros colaboradores del Gobierno de La Habana. Las medidas se suman a sanciones anteriores contra altos dirigentes, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel.
La decisión estadounidense llega mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica y energética, marcada por problemas de abastecimiento de combustible, dificultades para mantener servicios esenciales y escasez de productos básicos. Washington atribuye buena parte de la situación a las políticas del Gobierno cubano, mientras La Habana responsabiliza a las sanciones estadounidenses.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas medidas y acusó a Estados Unidos de intentar asfixiar deliberadamente la economía de la isla. Según el funcionario, las restricciones dificultan la importación de alimentos, medicamentos e insumos médicos y afectan incluso las operaciones de pequeñas y medianas empresas privadas. Rodríguez calificó las sanciones contra los dirigentes del ICAP como una expresión de la “obsesión fallida” de Rubio contra Cuba.
