La activista y abogada Nadia Beller relacionó de forma directa el intento de asesinato que sufrió este lunes con presuntos actos de corrupción al interior del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Desde la cama de la unidad de terapia intensiva donde se recupera de tres impactos de bala, afirmó que el ataque armado buscó silenciarla para evitar que divulgue información sensible que comprometería al entorno inmediato del primer mandatario y a su principal asesor político, el argentino Fernando Cerimedo.
La acusación central formulada por Beller apunta a la existencia de un entramado de irregularidades dentro del Ejecutivo nacional. Según la denunciante, durante la relación sentimental y laboral que mantuvo con Cerimedo, fue testigo de presuntos negociados en la asignación de cupos de combustible, la comercialización de oro y el direccionamiento de comisiones en la contratación de seguros para empresas del Estado. En sus declaraciones públicas, la activista involucró explícitamente a familiares de la esposa del mandatario en estos supuestos esquemas de intermediación económica.
El atentado ocurrió la noche del lunes en inmediaciones de un hotel ubicado entre el cuarto y quinto anillo de la zona del canal Isuto. Dos hombres armados a bordo de una motocicleta, camuflados como repartidores de comida, dispararon contra Beller impactando en sus miembros superiores y provocándole una laceración en el cuello. Tras caer al suelo, la abogada fingió estar muerta para evitar que los sicarios la remataran, momento en que los agresores le arrebataron su teléfono celular antes de darse a la fuga.
Horas después del hecho, la Policía Boliviana aprehendió a Fernando Cerimedo en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo para abandonar el país. El Ministerio Público imputó formalmente al consultor argentino bajo el delito de tentativa de feminicidio e instruyó su detención preventiva. No obstante, Beller rechazó que el móvil del crimen sea estrictamente pasional o doméstico, catalogándolo como un atentado por encargo coordinado desde las estructuras del poder político.
Beller explicó que acudió al lugar del ataque tras ser citada bajo la promesa de recibir documentación confidencial sobre un caso de alto impacto social relativo al expresidente Evo Morales. Según la abogada, dicha convocatoria fue una trampa orquestada para exponerla ante los sicarios. Sostuvo además que el celular que le fue sustraído durante el asalto contenía capturas de pantalla, documentos y archivos de audio que respaldaban sus denuncias sobre los presuntos cobros ilegales e irregularidades administrativas.
En el plano institucional, la activista aseveró que Cerimedo ejerce un control operativo sobre facciones policiales de élite y acusó al entorno del Ministerio de Gobierno de haber encubierto episodios previos de violencia física ocurridos meses atrás. Beller argumentó que existió un esfuerzo coordinado para mantener ocultas sus denuncias iniciales, asegurando que la influencia del estratega argentino sobre las decisiones del Ejecutivo sobrepasa la labor de los canales oficiales de administración de Estado.
El perfil político de Beller añade una capa de complejidad al análisis del caso. En 2019 irrumpió en la escena pública como candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, semanas después, durante la crisis política tras la renuncia de Evo Morales, actuó como nexo e intermediaria entre sectores sociales y el entorno del entonces líder cívico Luis Fernando Camacho, transitando posteriormente hacia una postura de oposición firme y posicionándose como analista crítica en medios y redes sociales.
Por su parte, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General, rechazó interferir en las investigaciones y aseguró que el caso se procesará con absoluto rigor procesal. Las autoridades oficiales enfatizaron que ningún funcionario o asesor goza de impunidad legal, mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mantiene las pesquisas bajo reserva para determinar la autoría material del ataque y la procedencia de los sicarios.
La implicación de Cerimedo como pieza clave del gobierno de Rodrigo Paz genera un fuerte impacto político institucional. El consultor argentino, reconocido por su participación en campañas digitales de la derecha continental, ingresó al país como asesor estratégico del mandatario durante el ciclo electoral de 2025. Su detención coloca al entorno presidencial en una posición de vulnerabilidad frente a la opinión pública, al verse vinculado directamente con una figura procesada por tentativa de feminicidio y acusada de presunta extorsión estatal.
Médicamente, el reporte brindado por los paramédicos y el personal de salud confirmó que las heridas provocadas por los proyectiles no comprometieron órganos vitales, por lo que la paciente se mantiene hemodinámicamente estable. Durante la evaluación clínica posterior al ingreso hospitalario, los profesionales médicos establecieron además que Beller se encuentra atravesando la cuarta semana de gestación, factor que ha derivado en protocolos de custodia médica reforzada dentro del recinto de salud.
Ante la gravedad de los hechos y la presunta falta de garantías de seguridad denunciada por la víctima dentro del centro médico, Beller solicitó públicamente la intervención y protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La abogada manifestó que teme por su integridad física y la de su embarazo, sosteniendo que existen intereses gubernamentales orientados a acallar sus revelaciones antes de que preste declaración formal ante los estrados judiciales.
El caso Beller-Cerimedo trasciende así la esfera de los delitos ordinarios para situarse como un acontecimiento con severas derivaciones políticas y judiciales. La convergencia entre un ataque armado por encargo, denuncias de alta corrupción en la administración central y la detención del principal asesor del Presidente de la República plantea un escenario de incertidumbre sobre el alcance real de las investigaciones y el impacto que estas declaraciones tendrán en la estabilidad del Ejecutivo nacional.
