El gobierno Rodrigo Paz calcula que ya resolvió el problema del combustible con el decreto supremo 5676, al establecer un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores, mientras mantiene la tarifa subvencionada de Bs 9,80 para el transporte y los particulares. Bajo la consigna de "sincerar el precio", la narrativa oficial promete atenuar el déficit fiscal, incentivar la importación privada, estrangular el contrabando y disolver las kilométricas filas en los surtidores. Sin embargo, la medida no es más que otro parche estatista. Como es habitual en la política boliviana, el Ejecutivo adopta medidas a medias cuyo impacto final será reducido o abiertamente adverso.
El primer error conceptual radica en la ilusión de la planificación central. Al fragmentar arbitrariamente el mercado entre un precio "libre" y uno "regulado", el Estado no elimina la distorsión: la institucionaliza. Mantener un combustible barato para un sector mientras se le cobra el valor real a otro crea un incentivo perverso inmediato para el arbitraje interno.
Bolivia posee un aparato burocrático híper-regulado, especialista en la extorsión legalizada, conviviendo con una cultura donde la "viveza criolla" opera como mecanismo de supervivencia. Crear un mercado dual de diésel —con una brecha superior al 80% entre la tarifa privilegiada y la referencial— es una invitación abierta al negocio ilícito.
La burocracia encargada de fiscalizar a las estaciones de servicio y a los "grandes consumidores" encontrará en esta norma una mina de oro. El combustible "subvencionado" migrará masivamente hacia el mercado negro interno y el contrabando mediante la falsificación de registros, la clonación de facturas y la coima en el surtidor.
El Ejecutivo asume además que este incremento no afectará la canasta básica, argumentando que el transporte pesado y urbano mantendrá la tarifa reducida. Este es un cálculo ingenuo que ignora la teoría económica fundamental. El sector agropecuario, la minería y la industria —clasificados como grandes consumidores— absorberán directamente el impacto de producir a costos reales a Bs 18 por litro. Al ser el eslabón primario de la cadena productiva, ese sobrecosto se trasladará inevitablemente al consumidor final a través de los alimentos y bienes de consumo generalizado. Los sectores más vulnerables terminarán pagando el costo de este "sinceramiento gradual" en las ferias y mercados.
Finalmente, suponer que las filas desaparecerán es desconocer la dinámica de la oferta. Mientras la importación privada siga atada a burocracia, trabas aduaneras e inseguridad jurídica, ningún actor privado arriesgará capital sustancial para competir en un entorno distorsionado. El remedio propuesto termina agravando la enfermedad: encarece la producción nacional, alimenta la corrupción burocrática y mantiene con vida el tumor del subsidio centralizado. Bolivia no necesita paliativos intervencionistas; requiere la liberación total y transparente del mercado de carburantes.
El Decreto 5676 impone un mercado dual que no resolverá la escasez: al mantener el subsidio parcial, alimenta la corrupción burocrática y el mercado negro, transfiriendo mayores costos al consumidor final mientras paraliza al sector productivo con parcialidades intervencionistas.
