Ojalá Bolivia esté actuando con seriedad en los convenios que lleva adelante con Brasil y Estados Unidos en la lucha contra las mafias, porque en este momento al país le puede pasar exactamente lo mismo que le pasó a Ecuador. La comparación no es una exageración, es un espejo que el Gobierno haría bien en mirar de frente antes de que sea demasiado tarde.
Ecuador fue, hasta hace poco más de un lustro, un país tranquilo en materia de seguridad. Hoy es sinónimo de masacres carcelarias, ciudades tomadas por bandas armadas hasta los dientes y un Estado que tuvo que pedir ayuda militar extranjera para intentar recuperar el control perdido. Ese colapso no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de años de desidia institucional, de fronteras sin vigilancia, de cárceles convertidas en cuarteles del crimen organizado y de una clase política que actuó con permisividad cuando los carteles internacionales construían su plataforma logística.
Bolivia tiene los mismos ingredientes. Es un corredor de acopio y refinamiento para la droga que sale del Perú hacia Brasil, el Cono Sur y Europa. Comparte con Brasil una frontera extensa y porosa, justo cuando el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho —ya designados organizaciones terroristas por Washington— libran una disputa abierta por corredores de exportación, una disputa que deja muertos todos los días. La captura de Sebastián Marset confirmó que el país no es simplemente una ruta de paso, es una plataforma de operaciones consolidada. Y mientras eso ocurre, la vigilancia aérea, fluvial y fronteriza sigue siendo prácticamente inexistente.
La región entera está cambiando de estrategia a nuestro alrededor. Colombia acaba de autorizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos. Ecuador lo hizo en marzo. Honduras y Guatemala avanzan en la misma dirección. Diecinueve países integran ya la Coalición de las Américas contra los Cárteles. El ministro de Defensa boliviano habló en Panamá de pasar de las declaraciones a los operativos concretos, de intercambio de inteligencia, interoperabilidad y trazabilidad de precursores. Bien. El discurso es el correcto. El problema, como siempre en Bolivia, no es lo que se firma sino lo que después se hace o se deja de hacer.
El patrón boliviano ha sido, durante años, el de la pose: cumbres, memorandos, fotos con autoridades extranjeras y comunicados grandilocuentes que después no se traducen en radares funcionando, en fronteras controladas ni en jueces que no se dejen comprar. Ese patrón es exactamente el que permitió que el crimen organizado echara raíces en Ecuador mientras el Estado hablaba de soberanía y el narco construía pistas clandestinas.
No se trata de renunciar a nada ni de entregar la soberanía a nadie, sino de entender que la cooperación no es una concesión ideológica sino una necesidad de supervivencia institucional. Si Bolivia sigue funcionando como santuario de las mafias mientras sus vecinos endurecen el cerco, la presión desplazada terminará instalándose aquí, con toda su violencia.
Bolivia habla de cooperación operativa con EE.UU. y Brasil contra las mafias, pero el discurso no basta: comparte con Ecuador los mismos riesgos —fronteras porosas, bandas brasileñas en disputa, permisividad institucional— y corre el peligro de repetir su colapso si no actúa con hechos concretos.
