El Ministerio Público presentó una imputación formal contra D.S.S.B., exsecretaria municipal de Finanzas de la gestión de Jhonny Fernández, por el presunto delito de usurpación de funciones, informó Alberto Vaca, director de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía, la exfuncionaria habría realizado pagos por más de Bs 41 millones después de haber dejado el cargo y cuando ya no ejercía funciones dentro de la administración municipal.
Según Vaca, los desembolsos estarían relacionados con el pago de sueldos y salarios. Sin embargo, las circunstancias en las que se efectuaron las operaciones, así como el destino y la naturaleza de los recursos, son investigados por el Ministerio Público.
El funcionario explicó que todavía deben cumplirse diferentes actos investigativos, entre ellos la revisión de cámaras de seguridad, inspecciones oculares, convocatoria de testigos y la elaboración de un informe técnico del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).
Asimismo, señaló que, si durante estas diligencias se identifican nuevos elementos o responsabilidades, la investigación podría ampliarse por otros delitos.
“Tenemos elementos suficientes para poder demostrar la probable autoría de este hecho ilícito”, afirmó Vaca.
El director de Transparencia anunció que el Gobierno Municipal solicitará la detención preventiva de la exfuncionaria durante la audiencia de medidas cautelares.
La Alcaldía también informó que realizará un seguimiento permanente del proceso mediante la Dirección de Asuntos Jurídicos y las instancias correspondientes, además de poner a disposición de las autoridades toda la documentación y los elementos necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Vaca destacó que el proceso forma parte de las acciones impulsadas por la actual administración municipal para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza de la población.
“El trabajo para recuperar la confianza y extirpar definitivamente los hechos de corrupción está avanzando por buen camino”, sostuvo.
La investigación continuará con las diligencias previstas por la Fiscalía, mientras las autoridades deberán determinar si existió responsabilidad penal y establecer las circunstancias en las que se efectuaron los desembolsos cuestionados.
