El incendio en la Feria Barrio Lindo dejó algo más que pérdidas materiales: puso al descubierto la fragilidad de una ciudad que se ha acostumbrado a improvisar frente a sus propias emergencias. Cuando las llamas mostraron la falta de equipamiento de nuestros bomberos, la respuesta institucional no tardó en llegar. Pero en lugar de un plan, llegó una colecta: un boliviano mensual, voluntario, cobrado a través de la factura de luz y agua, para "fortalecer" a los cuerpos de bomberos.
Santa Cruz no es una aldea sin recursos. Es el motor económico de Bolivia, la ciudad más poblada y más dinámica del país, con mercados gigantescos, industrias, edificios, comercios y un crecimiento urbano que no se detiene. Que una ciudad de esa magnitud no cuente con un sistema profesional de prevención y combate de incendios no es mala suerte: es el resultado de la desidia de todos. Frente a esa realidad, la propuesta del alcalde no corrige el problema de fondo, lo esquiva.
Pedirle un boliviano al ciudadano no es gratuito en su significado simbólico. El ciudadano ya paga impuestos, tasas y patentes. Las empresas y los comerciantes de Barrio Lindo, que invierten cuantiosas sumas en mercadería e infraestructura pero se resisten a invertir en sistemas eléctricos seguros, extintores o hidrantes, también deberían asumir su parte de responsabilidad. La solución que se ofrece es una suerte de mendicidad institucionalizada: que todos pongamos una moneda para que el Estado, por fin, haga lo que le corresponde.
La propuesta llega envuelta en preguntas sin responder. No se sabe cuánto necesita realmente el sistema de bomberos. Quién administraría el fondo, qué mecanismo fiscalizaría ese dinero, cómo se repartiría entre bomberos municipales, policiales y voluntarios. Sin transparencia ni proyección de metas, el boliviano mensual corre el riesgo de ser un gesto simbólico nacido de la presión mediática, no una política pública seria.
Lo más grave es el mensaje de fondo: que la seguridad frente a los incendios depende de la solidaridad ocasional de los vecinos y no de la planificación del municipio. Una ciudad no se defiende del fuego con colectas. Se defiende con inspecciones periódicas, normas eléctricas exigibles, estaciones de bomberos distribuidas territorialmente, personal capacitado y un presupuesto público que priorice la prevención antes que la reacción.
Recurrir a la generosidad ciudadana después de una tragedia, en lugar de exigir cuentas sobre por qué el presupuesto municipal no alcanza para lo esencial, no es solidaridad: es resignación institucional disfrazada de buena voluntad. Santa Cruz no necesita mendigar para tener bomberos dignos; necesita una autoridad capaz de construir la política de seguridad contra incendios que su tamaño y su importancia económica exigen desde hace años.
El fuego de Barrio Lindo debería haber encendido una discusión sobre prioridades presupuestarias, prevención y responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado. En cambio, encendió una alcancía.
Un aporte ciudadano podría ser bienvenido como complemento, siempre que sea verdaderamente voluntario, transparente y fiscalizado. Pero convertirlo en la principal respuesta ante la precariedad del sistema revela una peligrosa inversión de responsabilidades.
