El presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país acordaron buscar, en forma conjunta, una reforma estructural del Estado boliviano. La fórmula 50/50 supone avanzar en la autonomía económica y fiscal, algo que los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) siempre rechazaron. La Constitución de 2009 permite la elección de los gobernadores y diseñó un reparto competencial cerrado y poco afortunado; además, nunca se concretó el fallido pacto fiscal.
El modelo autonómico boliviano del MAS ha sido un auténtico fracaso: a) existen candados centralizadores en la Constitución que han bloqueado el proceso y la posibilidad de avanzar; b) también existe una quincena de leyes centralistas —en muchos casos, inconstitucionales— dictadas después de aprobada la Constitución; y c) se suma el abandono de esta causa por los sucesivos gobiernos departamentales y municipales del país, así como por los partidos políticos opositores al MAS.
La transformación del Estado centralista requiere modificaciones importantes a la malla competencial de los diferentes niveles del Gobierno nacional y de los gobiernos autónomos. Con base en el principio rector de subsidiariedad, se tienen que revisar las competencias asignadas a los diferentes tipos de gobierno. En particular, se deben revisar las atribuciones referidas a la Policía Nacional; tierra, territorio y su titulación; hidrocarburos; asentamientos rurales; administración de justicia; políticas de educación y salud; y recursos naturales, en las que los departamentos deben compartir competencias con un nivel de decisión equivalente al del Gobierno central. Este reparto competencial es el sismógrafo que permite medir el grado y la calidad de la autonomía.
Rodrigo Paz reconoció que no podemos vivir con un Estado centralista y propuso un nuevo país que se constituye “desde las regiones, las regiones que se convierten en un Estado, en un eje central del desarrollo, las regiones que se convierten en un momento puntual de la historia”. El Gobierno nacional reconoce el protagonismo de las gobernaciones y se compromete a buscar el desarrollo general, con equidad, de forma solidaria y transparente, “culminando un periodo del Estado tranca e iniciando un nuevo proceso que sea de interés de cada departamento…”.
La autonomía es un proceso inconcluso, con más sombras que luces. El desafío es alcanzar el ejercicio pleno de las atribuciones competenciales, económico-financieras y presupuestarias, así como la capacidad de generar recursos propios. Los resultados del Censo 2024 marcan la urgencia y exigen reducir la desigualdad y la pobreza mediante un régimen autonómico que funcione.
Para el Gobierno nacional, la Agenda 50/50 responde a esos desafíos. Es un objetivo estratégico de reforma estructural del Estado alcanzar autonomías reales, efectivas y eficientes, con una gestión territorial fortalecida y responsabilidades compartidas que mejoren la calidad de vida de la población y fomenten la generación de riqueza. Es un proceso en el que las Entidades Territoriales Autónomas, el Órgano Ejecutivo Nacional, las instituciones privadas y la sociedad civil deben ser los actores centrales. Su ruta metodológica comprende coordinación técnica, diagnóstico compartido, coconstrucción de consensos, ejecución y seguimiento, sobre la base de principios como reglas claras, corresponsabilidad fiscal, coordinación intergubernativa, calidad del gasto y resultados verificables y progresivos.
Los actores se comprometen a fortalecer la autonomía fiscal de los Gobiernos Autónomos Departamentales mediante mecanismos que amplíen su capacidad de generar y administrar ingresos propios, promoviendo el esfuerzo fiscal, la eficiencia recaudatoria y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se buscará incentivar el esfuerzo fiscal y la generación de ingresos propios, promoviendo una mayor corresponsabilidad fiscal entre los distintos niveles de gobierno. La idea es ampliar el dominio tributario departamental mediante la reclasificación de, al menos, una base imponible hoy atribuida al nivel central.
El acuerdo busca crear potestades tributarias departamentales dentro del marco que reconoce la Constitución. También se analizarán mecanismos para la aplicación de sobretasas, definiendo su alcance, límites, destino y compatibilidad con el sistema tributario nacional. La Agenda pretende habilitar el ejercicio efectivo del impuesto departamental a la afectación del medio ambiente, revisando las exclusiones sectoriales que hoy limitan su aplicación. La Agenda incluye iniciar el proceso de modificación de la Ley N.º 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, de modo que se pueda promover la generación de mayores recursos departamentales.
*Jurista y autor de varios libros.
