Cada vez que un candidato liberal o conservador gana una elección en América Latina, buena parte de la prensa internacional reacciona con el mismo reflejo: lo etiqueta de "ultraderechista". Bukele, Milei, Kast, Noboa, Fujimori, De la Espriella... la lista crece.
El fenómeno ya no es anecdótico. Con la llegada al poder de Abelardo de la Espriella en Colombia este 7 de agosto, la región tendrá una docena de jefes de Estado ubicados a la derecha del centro político. El contraste es notorio si se observa que a comienzos de 2023 había once países gobernados por distintas variantes de izquierda. En muy poco tiempo, Ecuador, Chile, Perú y Colombia —entre otros— giraron hacia gobiernos que defienden el mercado, la seguridad como prioridad y el recorte del Estado.
Esta ola es una respuesta democrática de millones de ciudadanos hartos de la inseguridad y del estancamiento. La propia encuesta Latinobarómetro certifica el giro: el respaldo a la economía de mercado subió del 58% al 66% entre 2020 y 2024, y los latinoamericanos vienen autoubicándose cada vez más a la derecha desde 2020. Eso es un movimiento de fondo, no una anomalía "extrema".
Llamar "ultra" a quien defiende el derecho a poseer una vivienda, a emprender sin que el Estado se lo confisque, o a criar a los hijos según los valores de su familia, es un ejercicio de propaganda, no de análisis político. El término se ha convertido en un arma retórica para deslegitimar por asociación, equiparando con movimientos autoritarios del siglo XX, cuando en realidad ambos llegaron al poder por la vía electoral, en democracias con prensa libre, oposición activa y alternancia garantizada.
Compárese esto con lo que ocurre en Nicaragua, donde Daniel Ortega ha desmantelado toda oposición, cerrado medios, encarcelado y exiliado a opositores, y convertido al país en una dinastía familiar con apariencia de república. O con Cuba, donde el "derecho" que algunos defienden es en realidad la perpetuación de un partido único que ha producido seis décadas de escasez, represión y éxodo masivo. Ninguno de estos casos genera titulares con la palabra "ultra": la izquierda autoritaria recibe eufemismos —"proceso revolucionario", "resistencia"— mientras la derecha democrática recibe estigma.
Venezuela ilustra el contraste. Tras la salida de Nicolás Maduro, la presión de Trump ha impulsado un proceso de amnistía y liberación de presos políticos —cientos de casos documentados por organizaciones como Foro Penal. Es un proceso incompleto, pero marca una dirección opuesta a la de Cuba o Nicaragua, donde no existe ni siquiera ese debate porque no hay apertura alguna.
El auge de la nueva derecha latinoamericana enfrenta retos reales —Milei y su ajuste, Noboa y la violencia en Ecuador, Kast y su caída de popularidad en Chile—, y su continuidad no está garantizada. Pero esos desafíos deben juzgarse con los mismos criterios que se aplicarían a la izquierda, no con un vocabulario que estigmatiza por adelantado a quien simplemente cree en la libertad económica y el Estado de derecho.
Llamar "ultra" a quien defiende el derecho a poseer una vivienda, a emprender sin que el Estado se lo confisque, o a criar a los hijos según los valores de su familia, es un ejercicio de propaganda, no de análisis político.
