El incendio que arrasó con cerca de 10 mil puestos en la feria Barrio Lindo no es un hecho fortuito: es la crónica de un desastre anunciado. Basta repasar la lista de incendios en mercados de los últimos quince años —La Ramada, La Morita, Alto San Pedro, Los Pozos, Mutualista, 4 de Noviembre— para entender que no estamos ante una desgracia impredecible, sino ante un patrón que se niega a corregir. Y detrás de ese patrón no hay solo falta de bomberos, infraestructura o cumplimiento normativo: hay una mentalidad, la de la informalidad, que impide que estos centros de abasto funcionen bajo una lógica de propiedad, responsabilidad y prevención.
La informalidad en Bolivia no nace de la nada. Es una respuesta racional a un Estado que exige demasiado para ser formal: cargas impositivas complejas, trámites onerosos, normas laborales rígidas y un aparato de inspección arbitrario o corrupto. Ante ese costo, miles de comerciantes optan por operar al margen del sistema. La paradoja es que esa “ventaja” de no pagar impuestos ni cumplir regulaciones termina siendo una trampa: el comerciante informal cree estar ganando terreno frente al Estado, pero en realidad renuncia a los mecanismos que protegen su propio capital.
Ahí está el núcleo del problema. Un puesto de mercado, por modesto que parezca, representa una inversión real, a veces de miles de dólares en mercadería. Sin embargo, al no ser propietario formal, al depender de que la alcaldía le resuelva la electricidad o los servicios básicos, el comerciante no asume la responsabilidad de proteger ese capital. No instala sistemas eléctricos seguros, no cuenta con extintores ni alarmas, no exige ni construye una cultura de prevención. La lógica capitalista —en la que el propietario cuida su inversión porque sabe que nadie más lo hará— simplemente no opera en este esquema. En su lugar, funciona una lógica de reclamo permanente al Estado: que reponga, que subsidie, que perdone las deudas, que no exija.
Esta dinámica se sostiene, además, porque es rentable políticamente. Los gremios informales, al sentirse beneficiados por la tolerancia estatal, respaldan a las autoridades que no los fiscalizan, cerrando un círculo de complacencia mutua que perpetúa la precariedad. El resultado es previsible: infraestructuras improvisadas, instalaciones eléctricas sin control, ausencia de planes de contingencia y, tarde o temprano, el fuego.
Combatir esto no es solo cuestión de más bomberos o de leyes más severas —de eso ya sobran—, sino de cambiar los incentivos. Exigir seguros obligatorios para los centros de abasto sería un paso decisivo: las aseguradoras, mediante peritajes constantes, obligarían indirectamente a reducir riesgos para abaratar las pólizas, algo que ninguna norma punitiva ha logrado. Formalizar no debería significar asfixiar con burocracia, sino ofrecer un camino viable hacia la propiedad real y la responsabilidad que esta conlleva.
Mientras la informalidad siga siendo más rentable que la formalidad, Bolivia seguirá pagando el mismo precio, una y otra vez, en cenizas.
