Como evidenciamos, Evo Morales y su séquito fueron los autores intelectuales e instigadores de la huelga general indefinida de la COB del 16 de mayo de 2005. Junto con la Federación de Juntas Vecinales de El Alto lograron la renuncia de Carlos Mesa, tal como ocurrió en 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada. Tras un fallecido adicional y la renuncia de Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, asumió Eduardo Rodríguez Veltzé, quien convocó a elecciones prácticamente diseñadas a medida.
Muchos bolivianos creyeron que la llegada de Evo Morales traería paz, estabilidad y prosperidad, en un contexto en el que la economía ya mostraba señales de bonanza. Sin embargo, el desenlace fue distinto: Bolivia desperdició casi dos décadas del mayor superciclo de precios de las materias primas y terminó enfrentando la peor crisis económica de su historia, profundizada posteriormente por el gobierno de Luis Arce.
El eje de esa transformación fue la nacionalización de los hidrocarburos. El 1 de mayo de 2006 se promulgó el Decreto Supremo N.º 28701, denominado "Héroes del Chaco", mediante el cual el Estado asumió el control total de los hidrocarburos, refundó YPFB y obligó a las empresas extranjeras a entregar toda su producción y firmar nuevos contratos de operación o abandonar el país. Además, nacionalizó el control de las empresas de transporte de hidrocarburos, tomó militarmente las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba —adquiridas previamente por Petrobras— y elevó la participación estatal en los megacampos al 82 % del valor en boca de pozo, dejando apenas un 18 % para las operadoras.
Con ello se revirtió completamente el modelo instaurado durante la capitalización de los años noventa, trasladando nuevamente al Estado la conducción del sector y debilitando la seguridad jurídica. El resultado, casi veinte años después, es evidente: Bolivia pasó de ser una potencia regional de gas natural a enfrentar escasez de gasolina, diésel y, próximamente, de GLP y gas natural.
El caso de las refinerías ilustra claramente este proceso. Cuando fueron nacionalizadas, las plantas G.E. Bell, en Santa Cruz, y Guillermo Villarroel, en Cochabamba, refinaban cerca de 40.000 barriles diarios. Posteriormente, el gobierno amplió su capacidad conjunta hasta casi 65.000 barriles diarios, un incremento del 64 %. Sin embargo, ignoró un aspecto fundamental: para procesar más combustibles se requería una mayor disponibilidad de condensado, derivado de la producción de gas natural.
Ese aumento nunca llegó. Al reducir drásticamente la rentabilidad de las empresas petroleras, desaparecieron los incentivos para explorar nuevos yacimientos e incrementar la producción. Bolivia, históricamente fuerte en gas pero débil en petróleo, depende precisamente del condensado para elaborar gasolina, diésel y GLP. Sin nuevas inversiones, las refinerías quedaron sobredimensionadas y hoy operan, en promedio, apenas al 34,7 % de su capacidad, muy por debajo del nivel técnicamente recomendable.
La misma insuficiencia de gas afecta a la planta de amoniaco y urea del Chapare, la planta separadora de líquidos de Yacuiba, el complejo siderúrgico del Mutún y otras industrias estatales concebidas sobre la base de una disponibilidad energética que nunca volvió a reponerse.
La explicación puede resumirse con un ejemplo sencillo. Una vendedora de golosinas sabe que no puede vender toda su mercadería sin reponer inventario, porque tarde o temprano se quedará sin nada que ofrecer. Vive de la ganancia obtenida, no del capital. Ese principio elemental, que cualquier pequeño comerciante comprende, fue ignorado en la administración de los hidrocarburos.
Bolivia consumió su principal riqueza sin reemplazarla. Los pozos que se agotaban no fueron sustituidos por nuevos descubrimientos porque desaparecieron los incentivos para invertir en una actividad de alto riesgo, donde no toda perforación encuentra gas o petróleo. Así se sacrificó la principal fuente de ingresos del país y el motor que financió durante años el IDH y gran parte de las transferencias a municipios y gobernaciones.
La pregunta inevitable es si se trató de un error de gestión o de una decisión deliberada. ¿No comprendieron las consecuencias de su política? ¿Se negaron a rectificar y renegociar condiciones que estimularan la inversión? ¿O, siguiendo la lógica descrita por Maquiavelo, buscaron consolidar un modelo de dependencia económica similar al aplicado por los regímenes de Venezuela o Cuba?
Cada lector podrá sacar sus propias conclusiones. En la próxima entrega continuaremos analizando la historia económica del régimen de Evo Morales y las consecuencias que aún condicionan el presente de Bolivia.
Babson ’82. Ex catedrático universitario.
