En cualquier lugar del planeta existe una regla no escrita que hasta los carteles más sanguinarios respetan: a la Policía no se la toca, porque tocarla significa desatar al Estado entero en su contra. En Bolivia esa regla se rompió hace tanto tiempo que ya perdimos la cuenta de los uniformados asesinados, emboscados o torturados por narcotraficantes, contrabandistas y avasalladores. Hemos visto puestos policiales quemados, cuarteles invadidos en el Chapare y territorios enteros donde la Policía simplemente no puede entrar. San Matías no es una novedad en ese sentido: desde hace treinta, cuarenta años se le conoce como tierra de nadie. Lo nuevo, lo verdaderamente grave, es el mensaje que las mafias acaban de mandar.
La emboscada que le costó la vida al subteniente Yerson Salazar Aliendres no fue un hecho aislado de sicariato. Fue una operación planificada con información filtrada desde dentro de las instituciones. No solo mataron al oficial: se llevaron su cuerpo, incendiaron el vehículo policial y obligaron a las autoridades a buscarlo durante casi 48 horas, casi pidiendo permiso para recuperar a uno de los suyos. Eso no es sicariato. Eso es una provocación deliberada, una manera de decirle al gobierno "aquí no entran".
Detrás de ese mensaje hay una estructura muy bien montada: una pista clandestina, una avioneta Cessna, cientos de litros de combustible de aviación y vestimenta táctica que apuntan a una ruta consolidada de narcotráfico que va del Chapare a Yapacaní y de ahí a San Matías y Brasil, con el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital disputándose el territorio. Son organizaciones que Estados Unidos ya calificó de terroristas. Y aun así, la Policía boliviana en la zona apenas suma entre treinta y cuarenta efectivos.
Ante esa asimetría, lo interesante no es lo que ha pasado en San Matías, que es la crónica de una debilidad estatal anunciada, sino lo que va a hacer el nuevo gobierno con ella. Hay una presión creciente para que se intervenga con decisión en el Chapare, para que se capture a quienes durante años se sintieron intocables. Pero el gobierno parece paralizado entre el miedo y la falta de fuerza. Si es miedo, que lo diga con todas sus letras. Si es falta de capacidad operativa, que pida ayuda internacional sin más rodeos, como ya lo insinuó el propio presidente Rodrigo Paz al advertir que el narcoterrorismo busca convertir a Bolivia en una plataforma de expansión hacia toda la región.
Van nueve meses de gestión. Los patrullajes militares preventivos y los despliegues de más de doscientos policías hacia San Matías son un paso, pero no alcanzan si no van acompañados de una decisión política real de disputarle el territorio al crimen organizado. Las mafias ya demostraron que tienen la libertad de matar, traficar y actuar impunemente. San Matías no le ha pedido nada al Estado boliviano: lo ha desafiado abiertamente. Y un desafío de esa magnitud solo se responde de una manera, con hechos, no con comunicados.
San Matías no pidió ayuda al Estado boliviano: lo desafió. La emboscada al subteniente Salazar reveló una ruta narco consolidada hacia Brasil. El gobierno debe actuar con fuerza o pedir apoyo internacional, sin más rodeos.
