Hay momentos en que la realidad política de un país obliga a detenerse y mirar, sin ninguna indulgencia, a quienes ejercen el poder. Bolivia atraviesa precisamente uno de esos momentos. Las noticias cotidianas, las denuncias, los escándalos, las disputas por cargos y las interminables peleas por cuotas de poder terminan mostrando, con una crudeza casi obscena, las miserias de nuestra clase política.
No es un fenómeno nuevo. Tampoco pertenece exclusivamente a un partido, a una ideología o a una determinada época. Es, más bien, una característica transversal de la política boliviana. Gobiernos de izquierda y de derecha han reproducido, con diferentes intensidades, los mismos vicios: corrupción, patrimonialismo, prebendalismo, clientelismo, nepotismo y tráfico de influencias. La diferencia entre unos y otros suele estar más en el discurso que en las prácticas.
Como subrayé en varias columnas, la corrupción es, probablemente, la mayor de estas miserias. La política dejó de ser, para muchos, una vocación de servicio para convertirse en una extraordinaria oportunidad de enriquecimiento. El Estado es concebido directamente como un enorme botín.
Los bienes públicos son administrados como si fueran propiedad privada. Los cargos, las empresas estatales, los contratos, las licitaciones y hasta las relaciones diplomáticas terminan formando parte de una red clientelar y, cuando no, de clanes familiares.
El cargo público deja de ser una responsabilidad y se convierte en una recompensa. Se premia al militante, al amigo, al pariente, al financiador o al aliado. El mérito queda relegado. La capacidad, la eficiencia y la honestidad pasan a segundo plano. En esta parte, la clase política en Bolivia ha llegado al extremo de vender cargos públicos como en el "mercado negro".
No es casual, entonces, que cada cambio de gobierno venga acompañado por una estampida hacia los cargos públicos. Cambian las autoridades y cambian también los beneficiarios de la prebenda. La lógica, sin embargo, permanece.
La coyuntura actual vuelve a mostrarnos este viejo comportamiento. Mientras el país enfrenta una aguda crisis económica, escasez de recursos y una necesidad urgente de reconstruir sus instituciones, la disputa política continúa concentrándose en quién controla qué espacios del Estado.
Lo más preocupante, sin embargo, es que no solo se roba. Se ha perdido, progresivamente, la capacidad de sentir vergüenza frente al robo. La ética y la moral parecen haberse convertido en conceptos abstractos, completamente alejados del ejercicio cotidiano del poder. Las consecuencias son devastadoras.
Cuando una sociedad observa que el político corrupto prospera y el ciudadano honesto apenas sobrevive, se destruye uno de los fundamentos esenciales de cualquier democracia: la confianza. Cuando el joven descubre que para progresar importa más tener un padrino político que estudiar, trabajar o emprender, se destruye la cultura del mérito. Y cuando la sociedad termina creyendo que todos los políticos son iguales, se abre la puerta al autoritarismo, al populismo y a cualquier aventurero que prometa destruir el sistema. Ese es el verdadero peligro.
Porque el problema no es solamente que existan políticos corruptos. El problema aparece cuando la corrupción se convierte en una cultura política, cuando deja de ser una excepción para convertirse en una forma normal de ejercer el poder.
¿Y cómo tendría que ser nuestra clase política?
Primero, debe recuperar la esencia misma de la política: el servicio al interés general. Gobernar no significa administrar el Estado para los amigos, para el partido o para la familia. Significa gobernar para todos.
Segundo, debe recuperar la ética pública. La honestidad no puede seguir siendo una virtud ornamental utilizada en los discursos electorales. Tiene que convertirse en una condición indispensable para ejercer cualquier responsabilidad pública.
Tercero, debe recuperar la idoneidad y el mérito. El Estado necesita profesionales competentes, capaces y honestos, no militantes obedientes. Un país en crisis no puede darse el lujo de entregar sus instituciones a personas cuyo único mérito sea la cercanía con el gobernante, y que además tienen antecedentes penales.
Y, finalmente, Bolivia necesita una verdadera revolución en el comportamiento de su clase política. Una revolución mucho más profunda que cualquier cambio de Constitución, de partido o de ideología. Necesita políticos capaces de comprender que el poder no es propiedad de quien lo ejerce, sino una responsabilidad temporal que la sociedad delega.
Bolivia no puede seguir cambiando de élites sin cambiar la cultura del poder. No sirve reemplazar una clase política corrupta por otra que termine reproduciendo exactamente los mismos vicios. No necesitamos simplemente nuevos gobernantes; necesitamos otra manera de gobernar.
Porque mientras la política siga siendo concebida como el camino más rápido para hacerse rico, el trabajo y la producción seguirán siendo vistos como actividades propias de los ingenuos.
La verdadera transformación no llegará cuando cambie nuevamente el color de la bandera que ocupa el Palacio Quemado. Llegará cuando cambie, definitivamente, la conducta de quienes lo ocupan.
Ese día, quizá, recién podríamos comenzar a hablar de una verdadera clase política en Bolivia.
*El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS.
