El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, ha reconocido que existen mafias al interior de la estructura policial. Se trataría de un grupo denominado "Los Golden", supuestamente integrado por seis u ocho oficiales que, según afirmó, "seguramente son parte de organizaciones criminales". Ellos habrían hecho "una vaquita", logrando recaudar dos millones de dólares para sacarlo del cargo de comandante general.
Es la primera vez que el máximo jefe policial reconoce la existencia de grupos mafiosos que no tienen ningún problema en reunir semejante suma de dinero para promover su destitución. Se trata de un escándalo mayúsculo de corrupción que debe ser investigado y sancionado con todo el rigor de la ley. Estos hechos no solo deterioran la imagen institucional, sino que también amenazan la poca credibilidad que aún le queda a la institución.
Hace poco fue detenido y extraditado a Estados Unidos el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila. Este oficial figuraba en un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que lo vinculaba con el expolicía Omar Rojas Echeverría, detenido en Colombia por tráfico internacional de sustancias controladas. Dávila, junto con el entonces comandante nacional de la Policía, celebró el cumpleaños del expresidente Evo Morales vestido con uniforme policial.
Los actos de corrupción han sido recurrentes y, al parecer, seguirán ocurriendo "caiga quien caiga". Uno de los pocos casos descubiertos y sancionados fue el atraco de 385.000 dólares a Prosegur, perpetrado bajo el mando del coronel Blas Valencia el 14 de diciembre de 2001, en una céntrica avenida de la ciudad de La Paz. El 16 de mayo de 2003, este oficial fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión, sin derecho a indulto, mientras que el exmayor Freddy Cáceres recibió una condena de 22 años de cárcel. El juicio duró casi dos años, un tiempo récord dada la condición de policías de los imputados y la complejidad de los hechos. Los investigadores aún recuerdan lo difícil que fue identificar a los responsables de uno de los atracos más violentos registrados en La Paz.
El proceso también identificó a Patricia Gallardo, entonces funcionaria del Ministerio de Gobierno, como autora intelectual del atraco a Prosegur y la condenó igualmente a 30 años de prisión. La misma suerte corrieron Elasio Peña Córdova, exmilitar peruano con antecedentes delictivos; Carlos Eladio Cruz; el comerciante peruano Alfredo Bazán y su compatriota Víctor Manuel Boggiano Bruzón. Todos ellos fueron identificados como autores materiales del millonario atraco.
La corrupción es de vieja data en esta institución fundamental del Estado. La Policía vive atrapada por los gobiernos de turno, sumida en el desprestigio y la inmoralidad funcionaria. Esta crisis se hace evidente cada vez que cambia el ministro de Gobierno, el comandante general de la Policía o cuando se celebra el aniversario institucional, ocasión en la que, desde el Gobierno, se anuncian una "reorganización institucional a fondo", una "modernización", una "lucha frontal contra la corrupción", un "nuevo plan de seguridad ciudadana" y otras promesas similares.
La Policía Boliviana, desde su creación el 24 de junio de 1826, responde a una organización unitaria y centralista, en la que los órganos subalternos y regionales carecen de autonomía financiera y operativa. La institución ha sido siempre una competencia exclusiva del Gobierno central. La verticalidad y el espíritu militar caracterizan su funcionamiento, y esa particularidad constituye uno de los grandes problemas que mantienen a la institución verde olivo en una profunda crisis.
La Constitución proclama que Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías; sin embargo, los gobiernos departamentales no ejercen ninguna tuición funcional ni tienen la facultad de influir sobre las unidades regionales de la Policía. El viejo Estado unitario y centralista ha convertido a esta institución en una de las más centralizadas, jerárquicas y piramidales de la sociedad boliviana.
La corrupción policial constituye una muestra de la descomposición del Estado, pues una situación similar se observa en el sistema judicial, la educación, la salud pública y otros ámbitos. En definitiva, el fortalecimiento y la modernización institucional de la Policía dependen de que exista voluntad política por parte del Gobierno. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno ha demostrado la determinación necesaria para depurar a los malos policías y recuperar la confianza ciudadana que la institución necesita para cumplir adecuadamente su rol: la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
*Jurista y autor de varios libros.
