Con el cambio de gobierno de Banzer II a Goni II, en agosto de 2002, Bolivia enfrentó una profunda recesión y un elevado déficit fiscal. Aunque en 1999 comenzaron las exportaciones de gas a Brasil y concluyó el contrato con Argentina, el nuevo mercado brasileño no logró rescatar la economía. Las razones fueron varias: el contrato se firmó con un precio inferior a un dólar por MMBtu; los volúmenes iniciales fueron reducidos por la baja demanda brasileña; las petroleras privadas recibían el 82 % de los ingresos de los megacampos y el Estado apenas el 18 %, insuficiente para sostener un aparato estatal nuevamente sobredimensionado.
A ello se sumaron la devaluación brasileña tras el "Efecto Samba", el "Corralito" argentino de 2001, que redujo las remesas y agravó el contrabando, y el desplome internacional de los precios de los minerales entre 1999 y 2003. La caída del estaño, zinc, plata y oro provocó el cierre de minas, mayor desempleo y el desplazamiento de trabajadores hacia el Chapare.
Con un déficit fiscal cercano al 9 % del PIB, Gonzalo Sánchez de Lozada impulsó el denominado "Impuestazo", un proyecto para gravar progresivamente los salarios, mientras recurría al FMI. La medida desencadenó protestas que desembocaron en el motín policial y militar conocido como "Febrero Negro", con un saldo de 30 fallecidos. El proyecto fue retirado.
Posteriormente surgió la iniciativa de exportar gas natural licuado (LNG) a Estados Unidos y México mediante un gasoducto hacia Chile. La oposición convirtió la propuesta en la llamada "Guerra del Gas", bajo el argumento de que Bolivia se quedaría sin reservas para consumo interno. Las movilizaciones provocaron la renuncia de Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y permitieron que el vicepresidente Carlos Mesa asumiera la Presidencia.
Desde esta perspectiva, el error de Goni II no fue el modelo económico, sino intentar aumentar la presión tributaria sobre la clase media en lugar de reducir el gasto estatal. Asimismo, el Estado no debió encabezar el proyecto de exportación de LNG, sino limitarse a regular el mercado interno, dejando el riesgo de la inversión a las empresas privadas.
Carlos Mesa asumió sin mayoría parlamentaria y rodeado por movimientos sociales. Con la esperanza de estabilizar el país, otorgó amnistías y convocó al referéndum sobre los hidrocarburos en julio de 2004. Las cinco preguntas fueron aprobadas, dando paso a la Ley de Hidrocarburos 3058, promulgada en mayo de 2005. Su principal innovación fue la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32 %, que, sumado a regalías y otros gravámenes, elevó la participación estatal al 50 %. Los recursos fueron distribuidos entre el Gobierno central, prefecturas, municipios y universidades públicas, convirtiéndose en uno de los mecanismos de redistribución más amplios de la historia boliviana.
Mesa complementó estas medidas con una política de austeridad, reducción del gasto corriente, mayor control aduanero y gestión de cooperación internacional para financiar salarios del sector público.
El contexto internacional también cambió favorablemente. Impulsados por la demanda asiática, especialmente de China, los precios de las materias primas comenzaron a recuperarse. El estaño prácticamente duplicó su valor entre 2004 y 2005, mientras el zinc y la plata registraron importantes incrementos. Paralelamente, aumentó el volumen exportado de gas a Brasil y el precio, indexado al petróleo, subió hasta aproximadamente 3 dólares por MMBtu, elevando significativamente los ingresos del país.
En junio de 2004, Mesa renegoció además el contrato de exportación con Argentina, obteniendo un precio superior y mayores ingresos. Como resultado, Bolivia registró en 2004 un superávit comercial de 275 millones de dólares, rompiendo una racha de 23 años consecutivos de déficit comercial. En 2005 el superávit continuó creciendo, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron 1.714 millones de dólares, con un incremento superior al 50 %, y el país llegó al cambio de gobierno con una economía en franca recuperación.
El 22 de enero de 2006 asumió la Presidencia Evo Morales en medio de una bonanza sin precedentes, resultado de la combinación entre las inversiones realizadas durante la capitalización y el extraordinario ciclo alcista de los precios internacionales. De no haber sido derrocado en 2003, Sánchez de Lozada también habría gobernado durante ese periodo de prosperidad.
En mi opinión, la exportación de LNG hacia Estados Unidos y México habría tenido una vida útil muy corta. A partir de 2005 comenzó la revolución del shale gracias al perfeccionamiento del fracking y la perforación horizontal. En pocos años Estados Unidos pasó de importador a exportador neto de gas natural licuado y, para 2025, se convirtió en el mayor exportador mundial. En consecuencia, el proyecto boliviano probablemente habría perdido competitividad.
Mirando hacia el futuro, si Bolivia logra revitalizar su industria de hidrocarburos mediante una nueva Ley de Hidrocarburos y reformas que incentiven la exploración, una alternativa más prometedora sería orientar la producción hacia el Atlántico, aprovechando la cercanía con Brasil, la complementariedad con Vaca Muerta y la creciente demanda europea de LNG. Ese mercado continúa ofreciendo oportunidades, aunque en un entorno mucho más competitivo.
Babson ’82, ex catedrático universitario.
