Cuando el presidente boliviano Rodrigo Paz decidió eliminar la subvención a los combustibles, lo hizo en medio de una desesperante escasez de diésel y gasolina. La ciudadanía estaba cansada de sufrir esa penuria durante meses. Los diferentes sectores de la economía llegaron al extremo de manifestar su desesperación: «¡Que suban el precio, pero tengamos diésel y gasolina para trabajar!», afirmaron. Es así que, mediante el Decreto Supremo 5503, el precio del litro de gasolina especial subió de Bs 3,74 a Bs 6,96, equivalente a un dólar americano, y el del diésel, de Bs 3,72 a Bs 9,80.
Ese mismo día, el petróleo crudo cotizaba en los mercados internacionales cerca de USD 56 por barril, es decir, USD 0,35 por litro de crudo. Aunque no de manera oficial, sino por una fuente autorizada, se supo que el valor real de importación de la gasolina superaba los Bs 10 por litro, equivalente a USD 1,43. Ese dato dejó la duda sobre si realmente toda la subvención fue eliminada.
En este intento de análisis, lo que realmente interesa es el valor de un litro de gasolina o diésel en las refinerías de otros países, desde donde se embarca hacia Bolivia. La cotización internacional de la gasolina en los mercados de futuros es de USD 5,63 por galón, con un promedio de USD 1,49 por litro. A ello debe añadirse el costo de refinación que, según diferentes fuentes, varía entre USD 0,40 y USD 0,70 por litro, dependiendo de la calidad del crudo, de las fórmulas empleadas y de la tecnología aplicada. A pesar de ser un combustible menos refinado, el diésel suele costar más que la gasolina debido a la complejidad de su proceso de refinación.
La gasolina y el diésel que consume Bolivia se importan principalmente de Argentina, Paraguay, Chile y Perú. A pesar del secretismo oficial, se conoció que YPFB compra gasolina y diésel a comercializadoras internacionales como Trafigura, Vitol y Futura, que los trasladan desde esos países —bajo condiciones de entrega que hasta ahora no han sido aclaradas— e ingresan al territorio nacional por rutas conocidas.
Entre ellas se encuentra la Hidrovía Paraguay-Paraná, mediante barcazas y posteriormente por ferrocarril hasta terminales como Puerto Suárez (Puerto Aguirre). También se utiliza el transporte carretero desde la frontera con Argentina, vía Yacuiba, así como la terminal marítima del puerto chileno de Arica (Terminal Sica Sica).
Por otro lado, el Gobierno autorizó al sector privado la importación directa. Según la página de la ANH, existe el registro de decenas de empresas unipersonales y sociedades. Salvo casos aislados y de escaso volumen, los demandantes privados, como agricultores, transportistas de carga y pasajeros y empresas mineras, no registran operaciones de importación.
Para calcular el precio aproximado de venta deben considerarse los siguientes costos: el precio del petróleo crudo; el costo de refinación para obtener gasolina o diésel; la logística de transporte hasta el destino final; los impactos tributarios, cuando correspondan; y, por supuesto, la ganancia del proveedor. Si el precio del litro de gasolina y diésel que paga el consumidor boliviano equivale a la suma de esos conceptos, entonces no existe subvención. Como en toda gestión transparente, debería presentarse información pública sobre los costos de importación, hoy desconocidos por la mayoría de los ciudadanos.
Estos datos son importantes como referencia para explicar lo que sucede ahora y lo que viene: el precio del crudo subió a USD 100 por barril, equivalente a USD 0,62 por litro. Frente a ello, el dólar flexible se cotizó el viernes en Bs 11,23. Si el consumidor paga solo USD 0,61 por litro, el monto faltante tendrá que salir del Presupuesto General del Estado (PGE), porque el Gobierno declaró que los combustibles mantendrán el mismo precio hasta fin de año. Esta nueva situación afectará el esquema 50-50 e incrementará el déficit fiscal.
