El Gobierno comenzó la socialización del proyecto de Ley de Inversiones, una iniciativa que pretende modificar las reglas para la inversión privada en Bolivia mediante tres ejes centrales: exigir la aprobación de la Asamblea Legislativa para futuras nacionalizaciones o expropiaciones, reforzar la protección del patrimonio de los inversionistas y habilitar mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias, excepto en el sector de hidrocarburos.
El ministro de Economía José Gabriel Espinoza explicó que la propuesta incorpora un mecanismo que limita la posibilidad de que un gobierno ejecute nacionalizaciones de manera unilateral. Según indicó, cualquier decisión de esa naturaleza deberá contar previamente con el respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa.
La autoridad sostuvo que este requisito busca evitar que decisiones con impacto económico de largo plazo respondan únicamente a intereses políticos coyunturales. En ese sentido, afirmó que el costo de procesos de nacionalización ejecutados en el pasado continúa siendo asumido por las administraciones posteriores.
Otro de los componentes de la iniciativa apunta a ampliar la protección jurídica del patrimonio de quienes invierten en el país. Espinoza señaló que la valoración de una inversión no debe limitarse a bienes físicos, sino que también debe incluir activos intangibles, derechos, conocimiento e ingresos proyectados, aspectos que deberán ser considerados en caso de una eventual expropiación.
Asimismo, explicó que la propuesta pretende otorgar mayor certidumbre a la inversión privada, definiendo con mayor claridad las condiciones en las que la inversión extranjera recibirá un tratamiento similar al de la inversión nacional, respetando los principios establecidos en la Constitución.
El tercer eje del proyecto está relacionado con la solución de controversias. El ministro sostuvo que la normativa permitirá recurrir nuevamente al arbitraje internacional para resolver conflictos vinculados a inversiones en todos los sectores, con excepción de los hidrocarburos, ámbito en el que la Constitución establece restricciones específicas.
Espinoza aseguró que la interpretación de que Bolivia no puede acudir a tribunales internacionales en ningún caso es incorrecta y afirmó que el texto constitucional únicamente limita esa posibilidad en materia hidrocarburífera.
La futura Ley de Inversiones forma parte de un conjunto de reformas estructurales que el Ejecutivo prevé remitir este año a la Asamblea Legislativa. Junto a esta iniciativa también se encuentran en elaboración los proyectos de Ley de Minería y de Ley de Hidrocarburos, cuyos borradores ya son discutidos con distintos sectores económicos.
En el caso de la nueva Ley de Hidrocarburos, el Gobierno prevé incorporar modelos de contratos dentro de la propia norma con el propósito de reducir los tiempos de aprobación legislativa y disminuir la discrecionalidad política en la autorización de nuevos proyectos.
