La segunda generación de reformas comenzó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), profundizando los cambios iniciados durante la gestión de Jaime Paz Zamora. El objetivo fue transformar al Estado de productor a regulador de la economía, atraer inversión extranjera directa (IED) y descentralizar recursos hacia los municipios.
Entre las principales medidas destacan: la Ley de Capitalización (21 de marzo de 1994), que transfirió el 50% de las acciones de empresas estatales como YPFB, ENTEL, ENDE, ENFE, LAB y ENAF a inversionistas extranjeros, mientras el otro 50% quedó en manos de los bolivianos mayores de 18 años, administrado por las AFP. La Ley de Participación Popular (20 de abril de 1994) amplió los municipios de 186 a 311, incorporó las áreas rurales, distribuyó el 20% de los ingresos nacionales según criterios poblacionales y fortaleció el control social, además de transferir infraestructura de salud, educación y deportes a los gobiernos municipales.
También se reformó el sistema de pensiones, sustituyendo el esquema solidario por cuentas individuales administradas por AFP y creando el Bonosol, financiado con dividendos de las empresas capitalizadas. Asimismo, la Reforma Educativa de 1994 impulsó una educación intercultural y bilingüe, orientada a competencias prácticas y con mayor participación de los padres mediante juntas escolares. En 2010, esta norma fue reemplazada por la Ley Avelino Siñani.
Desde la perspectiva del autor, estas reformas beneficiaron especialmente a los sectores más pobres, rurales y de la tercera edad. Sin embargo, considera que fue un error que las acciones de las empresas capitalizadas no fueran entregadas directamente a los ciudadanos, sino administradas por las AFP, desaprovechando la oportunidad de convertir a los bolivianos en accionistas individuales.
En el plano económico, los indicadores mostraron una evolución favorable. La inflación descendió de 18,03% en 1993 a 9,3% en 1997; el crecimiento del PIB se mantuvo alrededor del 4% anual y la IED pasó del 2,1% al 10% del PIB, acumulando aproximadamente 1.700 millones de dólares. La mayor parte de las inversiones se concentró en hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, banca y transporte. La nueva Ley de Hidrocarburos (1996) permitió contratos de riesgo compartido y sentó las bases para la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil (Gasbol), inaugurado en 1997 junto al presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Paralelamente, ENTEL fue capitalizada con la italiana STET, impulsando la expansión de la telefonía móvil, la larga distancia e internet.
El gobierno de Hugo Banzer (1997-2001) mantuvo el modelo económico, pero enfrentó un escenario internacional adverso. La crisis financiera asiática de 1997 y el posterior "efecto samba" en Brasil provocaron una fuerte caída de los precios de las materias primas, devaluaciones regionales, contrabando desde Brasil y una desaceleración económica. El crecimiento del PIB cayó del 5% en 1998 al 0,4% en 1999, mientras el déficit fiscal alcanzó el 6,5% del PIB. A ello se sumó el fin del contrato de exportación de gas con Argentina y el lento inicio de las ventas a Brasil, que comenzaron recién en julio de 1999 con precios reducidos.
La situación también se agravó por el costo económico del Plan Dignidad para erradicar los cultivos excedentarios de coca, la Guerra del Agua de Cochabamba y la creciente conflictividad política. No obstante, destaca que durante esos años se realizaron importantes descubrimientos de gas natural, elevando las reservas probadas y probables de 5,6 a 46 TCF entre 1997 y 2001, mientras el precio internacional del petróleo empezaba nuevamente a recuperarse.
