Hay una nueva modalidad de investigación que parece estar ganando adeptos en algunas partes del mundo. Primero se convoca a la prensa. Después se lanza una acusación espectacular; luego se destruye la reputación de un sector entero y, finalmente, cuando todo se cae por falta de pruebas, se explica que hubo un error.
El problema es que los titulares viajan más rápido que las disculpas. Y los mercados internacionales suelen recordar más la palabra "cocaína" que la expresión "falso positivo". Eso es exactamente lo que ocurrió con el sector forestal boliviano.
Durante semanas, la opinión pública observó cómo uno de los mayores cargamentos de droga, supuestamente detectados en madera boliviana, era presentado como un hallazgo histórico. Las imágenes recorrieron medios internacionales, los comentarios se multiplicaron y, de un día para otro, más de veinte empresas exportadoras quedaron bajo sospecha.
No eran empresas cualquiera. Estamos hablando de compañías que llevan décadas construyendo mercados, invirtiendo capital, generando empleo y sosteniendo una actividad que exporta alrededor de 100 millones de dólares al año y mueve una cadena económica cercana a los 800 millones.
Pero bastó una afirmación apresurada para que pasaran de exportadores a narcotraficantes en cuestión de horas. Un récord mundial de velocidad. Ni Superman lograba semejante transformación.
Lo más curioso es que ahora las pericias concluyen que no existía cocaína, que los resultados fueron falsos positivos y que las acusaciones no tenían el respaldo técnico que justificara semejante escándalo.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién devuelve los contratos perdidos? ¿Quién recupera los clientes que suspendieron compras? ¿Quién reconstruye la reputación de empresarios que durante veinte o treinta años construyeron credibilidad en los mercados internacionales?
¿Quién paga los sobrecostos, las demoras, los litigios y las pérdidas ocasionadas por una denuncia que terminó convertida en humo? Porque, cuando una autoridad se equivoca, el daño no desaparece con una conferencia de prensa.
Los mercados internacionales funcionan sobre la base de la confianza. Y la confianza tarda años en construirse y apenas minutos en destruirse.
Lo preocupante es que, mientras todo esto ocurría, los empresarios bolivianos parecían enfrentar solos una tormenta internacional que jamás debió alcanzar semejantes dimensiones.
Sin embajador y sin una representación diplomática fuerte. Sin una defensa institucional visible. Sin un Estado que saliera inmediatamente a proteger a quienes generan empleo, impuestos y divisas para el país.
Parecía que los únicos interesados en defender la reputación de la madera boliviana eran los propios empresarios.
Y eso debería preocuparnos. Porque, cuando atacan a un sector exportador boliviano sin pruebas concluyentes, no solo se perjudica a las empresas afectadas. Se perjudica la imagen del país, se perjudica la marca Bolivia, se perjudica a miles de trabajadores que viven, directa e indirectamente, de esa actividad y se envía al mundo el mensaje de que cualquiera puede acusar primero y verificar después.
Si efectivamente las investigaciones concluyen que no existió responsabilidad de las empresas observadas, corresponde algo más que un simple cierre del caso.
Corresponde determinar responsabilidades, establecer compensaciones, exigir resarcimientos y que el Gobierno boliviano acompañe jurídica y diplomáticamente a quienes fueron injustamente afectados.
Porque, si el silencio termina siendo la respuesta oficial, estaremos enviando una señal peligrosa: que, en Bolivia, cualquiera puede destruir el prestigio de una empresa exportadora y después marcharse tranquilamente a casa.
La madera boliviana tardó cincuenta años en conquistar mercados internacionales. Algunos titulares tardaron apenas cincuenta minutos en poner todo eso en riesgo.
La diferencia entre construir riqueza y destruir reputación suele ser exactamente esa. La primera toma décadas; la segunda, apenas una conferencia de prensa.
