Durante más de 40 días, cientos de camiones cargados de madera boliviana permanecieron varados en las fronteras con Chile y Brasil, acusados de transportar cocaína "impregnada" en la materia prima. Al final, los laboratorios de ambos países confirmaron lo que muchos sospechaban desde el principio: no había una sola molécula de droga en esa madera. Fue, en palabras del propio sector exportador, un show mediático que le costó carísimo a 200.000 familias bolivianas y una caída de más del 66% en las exportaciones forestales.
No hay forma de disculpar la ligereza con la que actuaron las autoridades chilenas. Anunciar ante cámaras una incautación "histórica" de más de 100 toneladas de droga, señalar públicamente a 23 empresas bolivianas y dejarlas allí, suspendidas en la sospecha durante semanas sin evidencia científica, es una irresponsabilidad que merece explicaciones formales y, como pide ahora el sector forestal, un resarcimiento real. Cuando se juega con la reputación de industrias enteras, no basta con corregir el error en voz baja una vez que el daño ya está hecho.
Lamentablemente, Bolivia arrastra un historial que no ayuda: es un país que sigue funcionando como corredor de exportación de cocaína hacia el Cono Sur, y las cifras de incautaciones en puertos y fronteras vecinas no dejan de crecer. Cuando un país tiene fama de mirar para otro lado frente al narcotráfico, el contrabando y el robo de vehículos, no debería sorprender que cualquier carga que salga de su territorio despierte sospechas automáticas en el exterior. Esa es la cruz que cargamos todos los bolivianos por la permisividad de nuestras propias instituciones.
Lo verdaderamente inadmisible, sin embargo, ocurrió puertas adentro. Mientras se esperaban los resultados de laboratorio, la respuesta boliviana no fue de cautela ni de defensa serena del sector productivo: fue una carrera por sumarse al escándalo. Se autorizaron allanamientos a decenas de aserraderos, tratando a empresas madereras de trayectoria como si fueran organizaciones criminales, cuando las propias autoridades de investigación deberían saber mejor que nadie dónde opera realmente el narcotráfico en este país. Ese reflejo de sospechar primero del empresario legal antes que del criminal real no es nuevo: es la continuidad de un estigma político que se instaló con fuerza durante años de discurso oficial contra el sector privado, donde el maderero, el agroindustrial o el exportador eran presentados como sospechosos.
Exigir disculpas a Chile es justo. Pero la introspección más urgente debe ser interna. Una fiscalía que allana antes de investigar, y un aparato estatal que sigue la corriente del escándalo en lugar de proteger a quienes generan empleo legal, es una falla tan grave —o más— que la torpeza mediática de un fiscal extranjero. Veinte años de tolerancia real con el narcotráfico y de sospecha permanente hacia el empresariado formal no se resuelven con un comunicado de disculpas. Se resuelven cambiando a quién se investiga primero.
Un fiscal chileno armó un show sin pruebas y arruinó al sector maderero boliviano; pero la fiscalía boliviana respondió igual, allanando empresas legales por puro reflejo político, no por evidencia real.
