Cuando se analiza la economía nacional desde el contexto cruceño, la realidad cobra un matiz dramático: ¿cómo hace el motor económico de Bolivia para seguir marchando cuando el poder central ha diseñado políticas que parecen buscar la destrucción de su estructura productiva?
La respuesta está en la tozudez de un modelo que trabaja a pesar del Estado. Datos técnicos e independientes como los presentados por la Fundación Jubileo —una institución de la Iglesia Católica y alejada de cualquier sospecha de militancia regionalista o partidaria— demuestran que el Estado central falló rotundamente en diversificar la matriz productiva, en industrializar y en generar empleo digno a nivel nacional, pero en Santa Cruz, el efecto es menor que en el resto del país.
El diagnóstico, se desprende de un reciente informe sobre la pobreza en Bolivia en el que Jubileo explica por qué la recesión se siente menos en Santa Cruz. Allí afirma que ante el colapso del dogma extractivista y el despilfarro de las bonanzas gasíferas en gasto corriente o elefantes blancos ineficientes, los cruceños se vieron obligados a diversificar por su cuenta, desarrollando un complejo agroindustrial, ganadero y de servicios que hoy sostiene la seguridad alimentaria de todo el país.
El trato que recibe la región desde La Paz roza lo esquizofrénico. Por un lado, el Estado exprime la recaudación cruceña para financiar la burocracia central; por el otro, castiga a sus productores con cupos discrecionales a la exportación, controles artificiales de precios y regulaciones asfixiantes que restringen la expansión del empleo formal. A esto se suma un relato oficialista que durante años intentó pintar a Santa Cruz no como el motor del país, sino como un enemigo ideológico, un cuerpo ajeno que debía ser sometido en lugar de potenciado.
Esta hostilidad política se vuelve aún más irracional cuando se analiza el fenómeno migratorio. Santa Cruz vive bajo una presión demográfica brutal; miles de bolivianos de todos los rincones llegan cada año buscando los días mejores que sus regiones natales no les pueden ofrecer debido al fracaso del modelo estatista. Santa Cruz los recibe, los integra y los pone a trabajar.
Sin embargo, el centralismo ignora esta realidad demográfica al retrasar la asignación justa de recursos, obligando a las instituciones locales a atender las demandas de salud, educación e infraestructura de una población que crece a ritmo vertiginoso. El resultado es que la falta de incentivos estatales a la formalización termina empujando a una enorme masa de estos migrantes al comercio informal y al autoempleo precario.
Los datos objetivos nos recuerdan que Bolivia arrastra una de las tasas de informalidad laboral más altas de la región. Si Santa Cruz logra resistir y mantener indicadores sociales más estables, no es gracias a la gestión del gobierno, sino a pesar de ella.
Sobrevivir al centralismo requiere resiliencia: invertir el propio capital, resistir los cercos políticos y sustituir la ausencia de infraestructura estatal con asociatividad privada. Hostigar a la estructura productiva cruceña por mero cálculo político no es un ataque a una región; es un suicidio económico para toda Bolivia.
Los datos objetivos nos
recuerdan que Bolivia arrastra una de las tasas de informalidad laboral más
altas de la región. Si Santa Cruz logra resistir y mantener indicadores
sociales más estables, no es gracias a la gestión del gobierno, sino a pesar de
ella.
