El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, inició un tercer proceso administrativo sancionador contra Marco A. M., acusado de avasallar predios municipales y de la tala ilegal de casi 5.000 árboles en un área de dominio municipal colindante al Jardín Botánico. De acuerdo con la Ley Autonómica Municipal N.º 210, las tres infracciones acumuladas representan multas que superan los 53 millones de bolivianos.
El director general de Medio Ambiente, Juan Carlos Áñez, informó que el denunciado fue notificado mediante cédula, luego de verificarse que el domicilio legal registrado se encontraba desocupado, cumpliendo con el procedimiento establecido por la normativa vigente.
La autoridad explicó que este es el tercer proceso administrativo por la tala ilegal en esos predios municipales. Según la investigación, en 2023 fueron derribados más de 1.300 árboles, en 2025 otros 1.700 y, en el último hecho, más de 1.900 ejemplares, elevando el total a cerca de 5.000 árboles talados sin autorización.
Solo por este último caso corresponde una sanción superior a los Bs 21 millones. Sin embargo, al sumar los tres procesos abiertos, la multa supera los Bs 53 millones.
Áñez remarcó que el mayor perjuicio no es únicamente económico, sino el grave daño ambiental ocasionado por la pérdida de miles de árboles en un área de propiedad municipal.
Además de la sanción económica, la Ley Municipal N.º 210 obliga al responsable a reparar el daño ambiental. En este caso, deberá reponer diez árboles por cada ejemplar talado, lo que significa la plantación de aproximadamente 50.000 árboles en los sitios que determine la Dirección General de Medio Ambiente, con seguimiento técnico durante dos años para garantizar su crecimiento.
El funcionario también recordó que el actual Gobierno Municipal se adhirió formalmente a la demanda presentada en 2025 ante el Tribunal Agroambiental por este daño ambiental. La próxima audiencia está prevista para el 21 de julio.
Finalmente, Áñez aseguró que la Alcaldía mantendrá una postura firme frente a los avasallamientos de predios municipales y continuará impulsando las acciones legales para proteger el patrimonio de la ciudad y los recursos naturales, con el objetivo de sentar un precedente que evite nuevas ocupaciones ilegales y atentados contra el medio ambiente.
