El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la Constitución como la ley suprema de un Estado que regula la organización de los poderes públicos y establece las garantías de los derechos. Ostenta una posición de jerarquía sobre todas las demás normas que integran el ordenamiento jurídico y solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos en ella establecidos.
La Constitución boliviana de 2009 es, según el autor, el resultado de un enfrentamiento civil con muertos y heridos, y fue aprobada de manera ilegal, pasando por alto la Constitución anterior y su Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. No solo eso: sostiene que es el resultado de un trabajo ilegal posterior a la Asamblea Constituyente, realizado por catedráticos extranjeros que no conocen la realidad social, política y económica de Bolivia.
A diferencia de lo anterior, el proceso constituyente español de la década de 1970, por citar solamente un ejemplo, fue el resultado del concurso de múltiples variables políticas, filosóficas y jurídicas que, con suficiente antelación, permitieron definir una ley suprema que representara la democracia liberal, el Estado de derecho, el pluralismo político y la justicia. Es decir, hubo un período en el que fuerzas políticas de diferente cuño debatieron el futuro de la España posterior al franquismo.
Precisamente, la administración del presidente Rodrigo Paz, así como los legisladores y jueces bolivianos, halla grandes dificultades a la hora de llevar adelante la gestión pública, la elaboración de las leyes de desarrollo y la administración de justicia, respectivamente; y, por supuesto, la aplicación de la ley en un marco democrático, representativo y liberal, fundado en premisas filosóficas, políticas y jurídicas ajenas al autoritarismo etnocéntrico del Movimiento al Socialismo, aspecto que, según el autor, ha sido puesto de manifiesto en múltiples oportunidades por gobernantes y gobernados.
La principal tarea del actual Gobierno boliviano y del Órgano Legislativo es sentar las bases de una nueva Constitución Política del Estado. Si, por el contrario, los actores políticos se empeñan en continuar "a ciegas" con una Carta Magna que, según el autor, está manchada de sangre, luto, dolor y autoritarismo, será imposible llegar a buen puerto, no solo en el ámbito jurídico, sino también en el económico y social.
Realicé correcciones de ortografía, gramática, puntuación y sintaxis para mejorar la claridad y la fluidez del texto, sin alterar el sentido ni la posición argumentativa del autor.
