Los denominados juristas independientes, liderados por Juan Del Granado, generaron un oportuno y profundo debate sobre el deplorable estado de la justicia boliviana. Ellos planteaban una reforma constitucional, vía referendo ciudadano, para cambiar las designaciones de las Altas Cortes y dejar de depender de los gobernantes y los partidos políticos. La Constitución ha consagrado la democracia directa, y el referendo es uno de sus mecanismos para cambiar estructuras estatales que no funcionan ni benefician a la gente.
La propuesta necesitaba la recolección del 20% de firmas del padrón electoral para obligar a la Asamblea Legislativa a reformar parcialmente la Constitución. Toda esta cruzada judicial se debió a que los gobiernos del MAS (2006-2025) siempre se opusieron a transformar el sistema judicial, pese a las recomendaciones nacionales e internacionales que coincidían en que el modelo de justicia había fracasado.
La idea era eliminar la atribución de la Asamblea Legislativa de la preselección de postulantes a magistrados y consejeros, creándose para este efecto la Comisión Nacional de Postulaciones. Esta Comisión debía estar integrada por representantes independientes de la sociedad civil que elabore, exclusivamente, en base a méritos y exámenes, ternas cerradas sobre las cuales la Asamblea Legislativa elija por 2/3 del total de sus miembros a las principales autoridades judiciales. Esa elección tenía que someterse a referendo popular aprobatorio o denegatorio. También proponían asignar una partida presupuestaria, no menor al 3% del Presupuesto General al Órgano Judicial, encargando su administración a un Consejo de la Magistratura renovado técnica y profesionalmente, y con atribuciones presupuestarias plenas. Planteaban igualmente universalizar el acceso a la administración de justicia con la revalorización de la justicia indígena originaria y con la creación de la justicia ciudadana de Paz.
La propuesta de los juristas coincidía con las conclusiones del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayan, en el sentido de que una justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos. Y Bolivia es parte de instrumentos internacionales que contienen y apuntalan las obligaciones de contar con una administración de justicia independiente, imparcial y accesible.
La idea fundamental era despojar a la Asamblea Legislativa de la potestad que tiene de hacer la preselección de candidatos, mecanismo que ha permitido a los gobiernos del MAS controlar a las autoridades judiciales. La reforma de la Constitución buscaba introducir una “Comisión Nacional de Postulaciones”, que tenga carácter permanente, integrada por personalidades independientes, cuya designación por 10 años correspondería realizar a la Asamblea Legislativa.
La referida Comisión Nacional sería un órgano constitucional, con autonomía orgánica, administrativa y funcional de funcionamiento permanente, que desempeñaría las funciones de convocatoria y selección de postulantes, previa comprobación pública y transparente de probidad e idoneidades y de elaborar las ternas de postulantes para la designación de las Altas Cortes. Las ternas que haya confeccionado la Comisión Nacional (que serían vinculantes), se enviarían a la Asamblea Legislativa para que este Órgano del Estado proceda a la designación respectiva, por 2/3 de votos del total de los miembros. Y en la eventualidad de que los legisladores intenten bloquear o boicotear las designaciones contenidas en las ternas independientes, se tenga por designado y elegido al candidato más calificado de cada una de las ternas.
El cambio constitucional buscaba no sólo restituir y garantizar la independencia, imparcialidad y competencia de las máximas autoridades judiciales, sino fundamentalmente fortalecer al Órgano Judicial. Este fortalecimiento institucional debía comenzar no solo cualificando los cargos jerárquicos, sino igualmente reconociendo los cargos vitalicios de los jueces y juezas, imponiendo exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se instituya, con carácter obligatorio y permanente, la formación y capacitación sistemática de los jueces. Por cierto, la seguridad jurídica y ciudadana, dependen del fortalecimiento institucional, y la meritocracia del cuerpo de jueces y juezas.
La falta de independencia, imparcialidad y competencia del cuerpo de jueces y juezas degrada al poder judicial, genera corrupción, pobreza, y termina poniendo en riesgo la viabilidad y sostenibilidad del Estado. El control político que siempre ha tenido el poder judicial, termina erosionando el Estado Constitucional de Derecho, el sistema democrático y sus instituciones.
*Jurista y autor de varios libros.
