La designación de Zvonko Matkovic como presidente del Directorio de ENDE Valle Hermoso, empresa estatal con sede en Cochabamba, ha provocado reacciones que deberían preocuparnos mucho más que el nombre del designado.
El gobernador Leonardo Loza calificó el nombramiento de "indignante" y una "falta de respeto" para Cochabamba. Legisladores de distintas fuerzas políticas, a nombre de la Brigada Parlamentaria del departamento, pidieron al presidente dejar sin efecto la designación y nombrar a un profesional cochabambino. Incluso dirigentes que se presentan como adversarios del oficialismo se sumaron al reclamo.
Lo inquietante no es esa coincidencia política, sino el argumento que los une.
Hasta ahora nadie ha demostrado que Matkovic carezca de capacidad o preparación para ejercer el cargo. Tampoco se ha cuestionado su integridad. El reproche es otro: no nació en Cochabamba.
Es difícil imaginar un criterio más peligroso para un país que pretende seguir siendo una nación.
Si aceptáramos esa lógica, un paceño no podría dirigir una institución pública en Santa Cruz, un beniano estaría impedido de hacerlo en Tarija y un cochabambino necesitaría permiso para trabajar en otro departamento.
Habríamos convertido Bolivia en nueve pequeños países.
La coincidencia resulta aún más preocupante por un antecedente reciente. Hace pocas semanas, Evo Morales amenazó con tomar una planta generadora de electricidad si continuaban los cortes de energía en el Chapare. Su argumento fue que estaba "en nuestro territorio" y, por tanto, podían administrarla.
No sorprende. Morales lleva años actuando como si el Chapare fuera un territorio propio, donde desafía al Estado y permanece protegido por sus seguidores.
Ahora reaparece la misma lógica. Como ENDE Valle Hermoso tiene su sede en Cochabamba, se sostiene que solo un cochabambino debería dirigirla.
En un caso se pretende apropiarse de una planta; en el otro, de un cargo público. El principio es idéntico: lo que está en nuestro territorio nos pertenece.
Pero una planta instalada en el Chapare no pertenece a Evo Morales ni a las federaciones cocaleras. Del mismo modo, una empresa estatal con sede en Cochabamba no pertenece a los cochabambinos. Ambas son patrimonio de todos los bolivianos.
Es legítimo exigir que quien asuma una responsabilidad pública tenga preparación y experiencia, más aún en una empresa estratégica del sector eléctrico. Si Matkovic no reúne los requisitos, que se demuestre. Si carece de capacidad, que se expliquen las razones. Lo inadmisible es convertir el lugar de nacimiento en una inhabilitación.
Los cargos públicos no son propiedad de los departamentos, de sus autoridades ni de sus grupos de poder. Son responsabilidades al servicio del Estado.
Leonardo Loza no es un dirigente cualquiera. Es uno de los colaboradores más cercanos de Evo Morales y pertenece al movimiento político bajo cuyo gobierno cientos de bolivianos fueron perseguidos, encarcelados o forzados al exilio.
Zvonko Matkovic conoce esa historia de primera mano. Permaneció casi ocho años en prisión preventiva, sin sentencia, por el caso Terrorismo. Luego continuó privado de libertad en su domicilio. Durante años fue presionado para declararse culpable a cambio de recuperar su libertad. Nunca aceptó.
Se puede discrepar de sus ideas o cuestionar su designación, pero difícilmente puede negarse la fortaleza moral de quien prefirió seguir preso antes que admitir un delito que afirmaba no haber cometido.
Por eso desconcierta que sectores que se consideran democráticos terminen coincidiendo con uno de los principales representantes del movimiento responsable de aquella persecución. No para exigir transparencia o denunciar incapacidad, sino simplemente para objetar el lugar donde nació.
Bolivia ya ha sufrido demasiado por las divisiones que nosotros mismos alimentamos. Antes se enfrentó a bolivianos entre "originarios" y "extranjeros". Ahora corremos el riesgo de fragmentarnos entre departamentos.
La defensa de las regiones es legítima; el regionalismo excluyente, no.
Un cruceño debe poder trabajar en Cochabamba, igual que cualquier boliviano en cualquier rincón del país. Lo único exigible es capacidad, probidad y resultados.
Porque una nación empieza a desintegrarse cuando sus ciudadanos dejan de reconocerse como iguales. Si el lugar de nacimiento define dónde podemos trabajar o qué cargos podemos ejercer, Bolivia dejará de ser una sola patria para convertirse, cuando menos, en nueve países.
