¿Se llama miedo o se llama temor a la actitud de las FFAA del país, frente a los desplantes populares y especialmente cocaleros?¿Cómo es que estos últimos se atreven a “tomar” o “cercar” cuarteles?¿Dónde y cuándo fue que las FFAA perdieron el respeto y la autoridad que en el pasado tuvieron?
Pues utilicemos la palabra “temor”, porque “miedo” implica mucho más que temor. Que ha habido un profundo desgaste político en el seno mismo de las FFAA -que no debió suceder nunca– es innegable. Pero también hay temor porque la cúpula tiene un miedo visceral (y aquí se justifica el uso de la palabra miedo) a la judicialización posterior de sus actos. Y también que hay fracturas internas dentro del cuerpo colegiado, ¿quién lo niega?
Además, parte de ese miedo ¿se convirtió en terror cuando se recuerda lo que algunos analistas denominaron “síndrome del 2019”? Recordemos el monumental fraude electoral que desencadenó una serie de consecuencias entre las que destacan los que la CIDH “catalogó” como “masacres” a lo ocurrido en Sacaba y Senkata. ¿Fueron realmente “masacres”? Recordemos también que esa institución estuvo (¿está todavía?) tomada por los izquierdos humanos, disculpas, Derechos Humanos, que mantuvo durante años al pueblo boliviano sin aclarar si las reeleciones del cocalero respondían o no a “un derecho humano”, ridículamente sostenido por régimen cocalero. Alguna prensa nacional, especialmente la “inclinada” al sector gubernamental de entonces, basada en un informe de la OEA, dijo que el Gobierno de Jeanine Añez estuvo cargado de “irregularidades” y “graves abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad” que involucraron a las FFAA (Wikipedia).
Y así, aunque antes ya se produjeron algunos “juicios” a miembros de las FFAA, lo de Sacaba y Senkata parece haber sentado la mano – tal como quería el régimen cocalero – a las FFAA. La idea de que los procesos de la “justicia” boliviana se usan como un arma política apenas cae un gobierno y llega otro, cuajó en el imaginario de la cúpula de las FFAA. Este hecho, además, mostró, como consecuencia también, una evidente división entre los militares en dos facciones: unos que apoyaban y otros no, al gobierno de turno. Los que no apoyaban al gobierno defendían “casi de ocultas” dijo alguien, dentro de la estructura del ejército, la institución y su independencia. Un pecado imperdonable para el gobierno cocalero.
Todo ello tejió las bases para alimentar el recelo que tiene el ejército a salir a las calles que, según esa probable visión, activan o reactivan conflictos sociales destruyendo la imagen pública de las FFAA. Es que el gobierno cocalero, siguiendo la doctrina izquierdista, había subordinado a las FFAA poniéndolas a su servicio. Los mandos militares ascendieron bajo el favor político y el condicionamiento implícito de obediencia al gobierno cocalero. Así, la subordinación obligada al gobierno de turno, terminó debilitando la cúpula y la cadena de mando dentro de la institución armada.
¿Ese es el estado actual de la FFAA? Lo que ahora vemos, sin apasionamientos, es que el control militar es débil en las fronteras y en diferentes áreas, como cuando se le encarga el control del contrabando, por ejemplo; o en el combate contra el narcotráfico, donde su presencia es casi inexistente. No es difícil advertir, entonces, que las FFAA prefieren hacer nada que asumir responsabilidades que después se traduzcan en acusaciones penales.
Uno se pone a pensar ¿qué pasaría en Bolivia si surge otra guerrilla como la de Teoponte? Porque aún en los peores conflictos armados, siempre hay “izquierdos humanos” que reclaman y abren juicios por los “pobrecitos guerrilleros” olvidándose de los asesinatos, torturas y matanzas en las que incurren. ¿Persistirá el temor de las FFAA a defender lo que le corresponde? Una respuesta firme que surge como consecuencia, es que el Ejército debe recuperar de manera urgente, su independencia del poder político, su carácter no deliberante, la meritocracia en los ascensos y sobre todo el respeto que merece la institución armada.
Consecuencias operativas en el país
● Vacío de autoridad: Las fronteras y las áreas estratégicas sufren de un control militar laxo y reactivo ante el contrabando o el narcotráfico.
● Dependencia de la policía: El gobierno central recurre casi exclusivamente a las fuerzas policiales para contener la protesta social y los disturbios.
● Parálisis doctrinaria: La institución prefiere la inacción deliberada antes que tomar la iniciativa en seguridad nacional para evitar responsabilidades penales futuras.
