El Gobierno y la justicia avanzan con cautela extrema frente a los cabecillas de los 53 días de bloqueo que llevaron a la economía nacional a terapia intensiva. No es casualidad: se trata de dirigentes sindicales, una categoría que en la práctica boliviana goza de un estatus superior al del resto de los ciudadanos.
Ser dirigente en Bolivia equivale a situarse por encima de la ley y del sentido común. Todo es negociable para ellos. Si bloquean, se habla de protesta social; si paralizan la economía, se invoca el derecho a la movilización; si usan dinamita o cortan el libre tránsito, el debate deja de ser sobre el delito y pasa a ser sobre la conveniencia política de aplicar la norma.
Evo Morales tiene hoy más poder que cuando era presidente. Como mandatario estaba, al menos formalmente, sujeto a normas e instituciones. Como dirigente, no. Puede bloquear, cometer casi cualquier acto y disfrazarlo de derecho a la protesta: "es mi derecho humano", dicen, y con eso basta. Morales fracasó como presidente porque intentó trasladar la lógica del dirigente sindical —la de la impunidad total— al ejercicio del poder estatal, algo incompatible con gobernar. Pero su proyecto sigue siendo ese: un país donde mandan los dirigentes.
Los dirigentes manejan fondos ilimitados, reciben recursos de sus bases y también del Estado. Ganan de todos lados mientras cultivan una imagen de pobres y defensores de los desposeídos. Son intocables; la ley no los alcanza y el Estado les teme por su capacidad de movilización y de exceso disfrazado de legítima protesta. Extorsionan a su propio pueblo mientras se presentan como sus defensores, obligan y amenazan a sus bases, que rara vez los denuncian porque están, de hecho, extorsionadas. En el mundo andino, quien desobedece al dirigente puede perder su tierra: son, en la práctica, señores feudales de un sistema que el Estado no se atreve a desmontar.
Los dirigentes no trabajan —permanecen años en comisión sindical— y aún así ganan más que buena parte de la población. Están protegidos constitucionalmente y cuentan con territorios donde la policía no entra. Esa protección alcanza, en no pocos casos, al contrabando, al narcotráfico, a la coca ilegal y a la minería que contamina ríos sin consecuencia alguna.
Conductas intolerables en cualquier ciudadano —bloquear semanas enteras, causar pérdidas millonarias, impedir el abastecimiento de alimentos y combustibles— se convierten en objeto de negociación antes que de sanción cuando provienen de una dirigencia sindical. Por eso el Estado actúa con tanta cautela: no enfrenta a simples investigados, sino a un poder paralelo que acumuló, durante décadas, influencia política, económica y territorial.
Una democracia no puede sostenerse sobre ciudadanos de primera y de segunda, ni existir un Estado de derecho con sectores de facto por encima de la Constitución. Mientras ser dirigente siga significando más poder que las propias instituciones, Bolivia seguirá atrapada en su contradicción: autoridad formal en el Estado, poder real en organizaciones que el Estado teme enfrentar.
Los dirigentes no trabajan —permanecen años en comisión sindical— y aún así ganan más que buena parte de la población. Están protegidos constitucionalmente y cuentan con territorios donde la policía no entra.
