La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) persiste en el litigio frente a Fancesa, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó un resarcimiento de Bs 744,3 millones a favor de Fancesa por competencia desleal.
La queja fue presentada ante la Sala Constitucional Segunda de La Paz, la cual con anterioridad había dejado sin efecto el fallo contra Soboce en el marco de un amparo.
En un comunicado, Soboce sostuvo que el fallo del TSE incumple la resolución de la Sala Constitucional, al considerar que reproduce las mismas vulneraciones que ya habían sido observadas.
La cementera afirmó que el TSJ "se ha limitado a modificar la redacción argumentativa" del fallo, pero mantuvo el mismo sentido de la decisión y el impacto económico, vulnerando los derechos al debido proceso y a la defensa.
Asimismo, cuestionó que el tribunal mantuviera una indemnización de Bs479,2 millones pese a reconocer que el concepto de "proyecto de vida" no resulta aplicable a personas jurídicas.
Soboce también objetó que el TSJ ratificara el monto global del resarcimiento en Bs 744,3 millones con base en una actualización de valor por el tiempo transcurrido, al considerar que esa determinación carece de fundamentación legal suficiente.
En el mismo comunicado, la empresa denunció presuntas irregularidades procesales, entre ellas la falta de tramitación de un recurso de reposición, la resolución directa de una excepción de prescripción y la incorporación de artículos constitucionales que, según afirmó, no fueron debatidos durante el proceso.
Como medida cautelar, Soboce solicitó a la Sala la suspensión provisional de la ejecución del Auto Supremo y de cualquier medida coactiva o embargo mientras se resuelven las acciones constitucionales pendientes.
La empresa argumentó que la ejecución inmediata del fallo podría afectar su estabilidad financiera, operativa y patrimonial, además del cumplimiento de sus obligaciones laborales y las fuentes de empleo directas e indirectas vinculadas a sus operaciones.
Finalmente, Soboce sostuvo que el proceso iniciado por Fancesa responde al objetivo de evitar el pago de la indemnización que, según la compañía, el Estado boliviano adeuda desde hace más de 16 años por la expropiación de sus acciones.
El caso recobró notoriedad después de revelarse una investigación de la policía española, la cual señala que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero había recibido 200 mil euros del conglomerado peruano Gloria, para interceder con sus influencias en Bolivia a favor de su filial Soboce.
