La jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, promulgó este miércoles el reglamento que pone en vigencia la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una normativa que modifica el modelo de control estatal vigente durante más de dos décadas y busca incentivar la llegada de inversiones privadas al sector energético.
El reglamento desarrolla los cambios aprobados por la Asamblea Nacional en enero y establece las condiciones para la participación de empresas nacionales y extranjeras en la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, actividades que históricamente estuvieron bajo el control de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que el nuevo marco legal fue elaborado tras revisar 1.389 resoluciones y aseguró que el objetivo es adecuar la legislación a estándares internacionales para convertir las reservas energéticas del país en un motor de recuperación económica.
La funcionaria también señaló que parte de los recursos generados por la nueva política petrolera serán destinados a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, que, según cifras oficiales, dejaron 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.
Uno de los principales cambios permitirá que empresas privadas asuman funciones técnicas y operativas en proyectos petroleros, tareas que durante años estuvieron reservadas exclusivamente a la empresa estatal. En determinadas empresas mixtas, además, los socios privados podrán administrar las operaciones, aunque PDVSA conservará la participación accionaria mayoritaria exigida por la legislación.
La reforma también autoriza que compañías privadas comercialicen directamente el petróleo que produzcan, rompiendo con el esquema tradicional en el que esa actividad era controlada casi exclusivamente por la estatal venezolana.
En materia tributaria, la normativa mantiene una regalía máxima del 30% sobre la producción, pero otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reducir ese porcentaje de acuerdo con las condiciones económicas de cada proyecto, las necesidades de inversión y otros criterios técnicos.
Asimismo, elimina diversos impuestos y contribuciones especiales que gravaban la actividad petrolera, incluidos algunos relacionados con ingresos extraordinarios derivados de altos precios internacionales del crudo, con el propósito de mejorar la competitividad del sector.
Otro aspecto relevante de la nueva legislación es la incorporación de mecanismos de arbitraje y otros sistemas alternativos para resolver controversias contractuales, una medida orientada a brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros.
Rodríguez sostuvo que, pese a la apertura, la propiedad de los yacimientos continuará siendo del Estado venezolano y aseguró que la reforma preserva la soberanía sobre los recursos naturales mientras adapta el marco regulatorio a las prácticas internacionales de la industria.
La modificación representa uno de los cambios más importantes en la política petrolera venezolana desde la nacionalización de la industria en 1976 y, especialmente, desde las reformas impulsadas durante el gobierno de Hugo Chávez, que reforzaron el control estatal sobre prácticamente toda la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos.
La promulgación del reglamento coincide con la etapa de reconstrucción posterior a los terremotos de junio, que dañaron 856 edificios y provocaron el colapso de otros 190. En el estado de La Guaira, el más afectado por el desastre, una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que deberán retirarse cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros, mientras el régimen apuesta a que la apertura petrolera contribuya a financiar la recuperación económica del país.
