El Tribunal Supremo de Justicia amenaza con un paro de actividades. Los magistrados, vocales y jueces han anunciado una paralización escalonada, actitud que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó de "corporativa y sindical".
"Lastimosamente, los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero a los que bloquean, los que paran, los que no dejan trabajar, a ellos sí los atienden", dijo Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sus argumentos son, inicialmente, correctos, porque para ejercer adecuadamente la función jurisdiccional deben existir condiciones favorables. Al referirse al asunto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, sostuvo que el debate no debe limitarse al incremento presupuestario, sino que también debe abordar el destino de esos recursos.
En esta confrontación de opiniones, el portavoz de los magistrados —según publicaciones de prensa— declaró: "...nosotros, ese 0,35 por ciento que recibimos equivale aproximadamente a 1.100 millones de bolivianos para el funcionamiento anual del Órgano Judicial. De ese presupuesto, alrededor del 75 por ciento se destina a sueldos y salarios de todo el personal que tenemos. Y no es que queramos subirnos los sueldos (esta frase parece desvirtuar y poner en duda la presunción general de que solo quieren aumentarse los sueldos); no estamos reclamando eso, pero nos queda una parte miserable para atender las otras necesidades que tenemos".
Según el presidente del TSJ, los jueces ya no se abastecen y están sobrecargados. Hace falta desarrollar tecnología, invertir en computadoras y equipos informáticos, y dar un salto tecnológico para avanzar en la reforma judicial y en la modernización de los trámites judiciales. Justificó nuevamente la amenaza del paro y se refirió a un aspecto que siempre genera dudas, sobre todo entre los abogados litigantes: "...a los políticos les conviene tener un Órgano Judicial que sea funcional a ellos (...) eso es lo que ya no podemos permitir nosotros".
En este contexto de tensa controversia, lo razonable sería explicar específicamente en qué se invertirá el incremento del presupuesto, dar a conocer el plan de inversiones, asumir plenamente la transparencia en la rendición de cuentas y facilitar el control ciudadano, por más autonomía que se reclame. De no ser así, puede entenderse que todo termina en una mayor asignación de recursos y que el destino de los gastos e inversiones será un asunto exclusivo de los magistrados, quienes al mismo tiempo reclaman autonomía presupuestaria.
Dentro de todo este debate de contenido económico, ¿cuál es el correlato que justifique la decisión incorrecta de un juez? ¿Cuál es la relación directa entre la calidad intrínseca y trascendental de administrar justicia y la asignación de mayores recursos?
En ningún caso la aplicación de la justicia debería ser deshonesta o corrupta. No existe justificación ni compensación posible porque falten tóner o papel. El juzgador, a pesar de las restricciones materiales, debe hacer gala de sabiduría jurídica; no debe equivocarse. La ley posee un valor superior que no puede quedar supeditado al nivel del salario o a las incomodidades que deba soportar el juzgador.
Finalmente, de concretarse la protesta anunciada, las puertas de los tribunales y juzgados permanecerían cerradas. Sería como un domingo o un feriado. La afectación quizá no sería tan grande, porque, si de retardación de justicia se trata, ese agravamiento difícilmente podría advertirse: lamentablemente, ya se ha convertido en una situación normal.
