La fiscalía imputó al secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari Vicente Salazar por cinco presuntos delitos cometidos durante los conflictos y solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.
La imputación fue presentada ante la jueza 17 de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad de La Paz.
“Se solicita a su autoridad disponga la detención preventiva de Vicente Salazar Limachi, sea en el recinto penitenciario de San Pedro de La Paz sea por el plazo de 6 meses”, señala parte del documento citado por ABI.
En la imputación, la fiscalía sostiene además que el domicilio proporcionado por Salazar no es preciso y advierte que existe riesgo de obstaculización del proceso.
Antecedentes
Salazar fue aprehendido el sábado en Ciudad Satélite, en El Alto, y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde se acogió a su derecho al silencio. Aún espera su audiencia de medidas cautelares.
El dirigente fue imputado por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, en relación con los conflictos y bloqueos que afectaron al país durante más de 50 días.
Salazar y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Mario Argollo figuran entre los principales dirigentes que impulsaron las protestas, las cuales pasaron de exigir demandas sectoriales a pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El gobierno también sostiene que detrás de las movilizaciones estuvieron el expresidente Evo Morales y el narcoterrorismo.
Los bloqueos dejaron al menos 22 fallecidos. La mayoría de las víctimas no logró recibir atención médica a tiempo. Además, los conflictos ocasionaron pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares.
Esta mañana, el abogado del dirigente René Salazar indicó que presentó una acción de libertad para su defendido.
El recurso, añadió, se basa en que la aprehensión ejecutada este sábado fue “ilegal, porque cuando un fiscal llama a cualquier persona por un acto investigativo, se tiene que cumplir las formalidades, se tiene que notificar de manera personal”, dijo a medios de comunicación.
