Hoy casi todos coinciden en que Bolivia necesita una ley antibloqueos, y tienen razón: quien corta un camino no hace política, secuestra la vida de los demás, impidiendo que un enfermo llegue a un hospital, que un trabajador llegue a su empleo o que un alimento llegue a una mesa. Esa no es una forma legítima de protesta sino de terrorismo, porque su objetivo declarado es sembrar pánico para doblegar voluntades, y por eso hay que tratar a quienes bloquean como se trata a los terroristas: con cárcel, con proceso, con la ley aplicada sin contemplaciones.
Pero la ley que verdaderamente derrotó al bloqueo no salió de ningún ministerio, sino de la gente: de un pueblo que, sin la protección de un Estado débil y timorato, decidió por sí mismo dejar de tenerles miedo a los facinerosos. Ese es el hecho político más importante de estas semanas: no fue el gobierno el que venció al bloqueo, fue la ciudadanía, que se plantó donde el Estado no llegó.
La mejor ley antibloqueo todavía no está escrita en ningún código, sino que vive en la actitud de millones de bolivianos que, tras veinte años de abuso, finalmente perdieron el miedo. Ese es el verdadero cambio que dejaron estos 53 días de martirio.
Ese pueblo ya no se deja arrastrar por las viejas consignas populistas ni compra el discurso de la identificación racial como excusa para el caos y el incendio. Esa cantaleta, que durante veinte años sirvió para disfrazar el saqueo del Estado bajo el ropaje del indigenismo, dejó de seducir: perteneció siempre a estafadores que usaron una causa justa para robar y dejar en ruinas al país. El pueblo boliviano, que aguantó dos décadas la tragedia del MAS, hoy está dispuesto a enfrentar un ajuste duro con tal de recuperar la normalidad, y el gobierno debe entender que se trata de un pueblo estoico, pero que también exige un aliado. Y ese aliado debe ser el gobierno.
Rodrigo Paz tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de ponerse del lado de esa gente, no de los dirigentes que negociaban impunidad a cambio de caos, sino del ciudadano que trabaja, que produce, que resistió sin protección durante 53 días. Aprovechar que el pueblo está dispuesto a ver desfilar a los bloqueadores rumbo a la cárcel, sin defensa posible, es la primera tarea; la segunda, más profunda, es construir un Estado que favorezca al ciudadano y no a las corporaciones ni a los caudillos, que dé condiciones a quien produce y aplique la ley contra quien atenta contra el trabajo ajeno.
Por eso esta victoria, siendo real, todavía es incompleta. No estará ganada mientras los bloqueadores sigan libres y conserven la posibilidad de volver a cortar un camino, ni mientras el gobierno no respalde con hechos —y no solo con discursos— a una ciudadanía que ya demostró su coraje frente al corporativismo de siempre. Tampoco lo estará hasta que quede claro, en los hechos y no solo en las palabras, que en Bolivia los ciudadanos están primero y los dirigentes después. El pueblo ya ganó su batalla en la calle. Ahora falta que el Estado gane la suya.
Rodrigo Paz tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de ponerse del lado de esa gente, no de los dirigentes que negociaban impunidad a cambio de caos, sino del ciudadano que trabaja, que produce, que resistió sin protección durante 53 días.
