Las secuelas de más de cincuenta días de bloqueo inmisericorde, insensible y criminal son dolorosas para Bolivia. En lo económico, las pérdidas millonarias tardarán mucho en recuperarse y muchas de ellas quedarán simplemente como pérdidas irreparables. En materia de salud, más de una veintena de personas fallecieron a causa de los bloqueos; varios pacientes murieron en ambulancias que los bloqueadores, insensiblemente, no dejaban pasar, y muchos otros enfermos languidecieron en hospitales debido a la falta de medicamentos y oxígeno.
También la libertad de locomoción quedó gravemente herida, pese a que la Constitución la garantiza. Miles de ciudadanos que viajan entre ciudades y pueblos, no siempre por placer o turismo, sino por necesidades urgentes de trabajo o negocios para su propia subsistencia, se vieron seriamente afectados.
Cuesta imaginar el sufrimiento de centenares de choferes de camiones de alto tonelaje y de cisternas. Permanecieron más de cincuenta días sin recursos para alimentarse, durmiendo en las cabinas de sus vehículos —de hecho, algunos murieron allí—, mendigando alimentos en algunos casos y, en otros, viéndose obligados a consumir la misma carga de productos perecederos que transportaban y que, con el paso de los días, se iba deteriorando irremediablemente. Todo ello, además, sin agua para el aseo personal y en condiciones extremadamente precarias.
En otras palabras, la guerra y sus consecuencias. Pero ¿estuvimos realmente en guerra? En cierta forma, sí. No en el sentido clásico, con ejércitos enfrentándose en campos de batalla, sino en una guerra interna entre el Gobierno y sectores sociales.
Acaso fue una guerra de baja intensidad, porque, afortunadamente, no dejó los miles de muertos y heridos que suele provocar un conflicto armado. Sin embargo, hubo fallecidos que nos duelen a todos. Algunos pertenecían al bando bloqueador y, seguramente, conocían los riesgos que implicaban ese tipo de acciones. Los otros, más de veinte víctimas inocentes, entre ellas algunos niños, desconocían las motivaciones de quienes bloqueaban los caminos y únicamente padecían sus enfermedades. Perdieron la vida sin encontrar siquiera una chispa de humanidad en los manifestantes.
Entre los Convenios de Ginebra —que Bolivia ratificó en diciembre de 1976 y elevó a rango de ley en mayo de 1990— se encuentra el Derecho Internacional Humanitario, cuyo objetivo es limitar la barbarie de la guerra y proteger a las personas que no participan en ella. Asimismo, protege al personal médico, a los hospitales, a las unidades sanitarias y, por supuesto, a las ambulancias.
Aquí, huelga decirlo, el Gobierno actuó con excesiva displicencia y lenidad al abandonar durante más de cincuenta días a los ciudadanos inocentes, fueran enfermos o simplemente personas que ejercían su legítimo derecho a transitar libremente.
Aun si Bolivia no fuera firmante de convenios internacionales de carácter humanitario, cabe preguntarse: ¿dónde quedó el sentido común? Ese sentido común hizo mucha falta en ambos bandos del conflicto.
Los bloqueadores no lo tuvieron. Pero el Gobierno debía haberlo puesto en práctica, además de utilizar con firmeza las herramientas que le confiere la Constitución para hacer prevalecer la autoridad del Estado. No lo hizo. Prefirió apostar por una estrategia de desgaste y, aparentemente, ganó... por ahora.
En determinadas circunstancias, parece que el sentido común termina siendo el menos común de los sentidos.
¿Se reactivarán los bloqueos dentro de algunas semanas? Varios dirigentes ya han advertido que solo se encuentran en un cuarto intermedio y que volverán al conflicto.
Se hace, pues, urgente la promulgación de una Ley Antibloqueos, iniciativa en la que, aparentemente, ya vienen trabajando varios diputados oficialistas. El sentido común indica que esta norma debería aprobarse con celeridad, sin concesiones ni interminables consultas y consensos con grupos dirigenciales que podrán representar a algunos centenares de miles de personas, pero no a los once millones de bolivianos.
Ojalá tampoco prevalezca la influencia de opinadores, influencers o analistas que pretendan desacreditar la nueva ley. Es momento de romper con esta tradición bloqueadora que arrastra el país desde hace sesenta años. Solo entonces podremos hablar, verdaderamente, de un tiempo de cambio.
