La justicia boliviana atraviesa uno de los momentos más delicados desde el retorno a la democracia. No por la falta de presupuesto, que sin duda constituye un problema real, sino por las señales que transmiten los responsables de liderar la recuperación institucional. La amenaza de un paro escalonado lanzada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, representa un grave error político e institucional que debilita aún más la ya deteriorada credibilidad del sistema judicial.
Paradójicamente, el gobierno de Rodrigo Paz debería tener en la justicia a su principal aliada para desmontar la estructura de impunidad heredada de los veinte años del MAS. Durante ese período, el Órgano Judicial dejó de ser un poder independiente para convertirse en uno de los principales instrumentos de persecución política, protección de la corrupción y destrucción de la institucionalidad democrática. Sin una justicia renovada, cualquier intento de reconstrucción del Estado está condenado al fracaso.
Rómer Saucedo asumió el cargo con un discurso esperanzador, pero hasta ahora los hechos no acompañan las palabras. No se observa una verdadera depuración de jueces comprometidos con los abusos del pasado, ni procesos ejemplificadores contra quienes convirtieron los tribunales en brazos políticos del poder. La ciudadanía sigue esperando señales claras de limpieza, transparencia y profesionalismo.
Es cierto que la justicia requiere mayores recursos, pero antes de exigir más dinero, la justicia debe recuperar la confianza de los ciudadanos. La credibilidad no se compra con presupuesto; se construye con decisiones valientes, independencia y resultados concretos.
El Gobierno tampoco está libre de responsabilidades. Hasta ahora no ha impulsado una reforma integral del sistema judicial ni ha promovido con decisión las leyes necesarias para completar el proceso de transformación. La sensación es que existe una preocupante comodidad con muchas de las estructuras heredadas del anterior régimen.
Lo más preocupante, sin embargo, es la forma elegida por Saucedo para plantear sus demandas. Un presidente del Tribunal Supremo de Justicia no puede actuar como dirigente sindical ni recurrir a amenazas de paro para presionar al resto de los órganos del Estado. Ese tipo de acciones recuerda precisamente las prácticas corporativas y de confrontación que caracterizaron al MAS y que el propio Gobierno busca dejar atrás. La justicia no puede adoptar métodos que comprometan su imparcialidad ni paralizar un servicio esencial del Estado. Las demandas pueden ser legítimas, pero el mecanismo escogido es profundamente equivocado.
Bolivia necesita una justicia fuerte, independiente y respetada. No una justicia confrontacional, mediática o sindicalizada. La recuperación institucional exige diálogo, liderazgo y autoridad moral. Hoy, lamentablemente, las señales que emite el máximo tribunal van exactamente en sentido contrario. Y cuando la justicia envía pésimas señales, todo el Estado pierde aún más credibilidad.
Lo más preocupante es la forma elegida por Saucedo para plantear sus demandas. Un presidente del Tribunal Supremo de Justicia no puede actuar como dirigente sindical ni recurrir a amenazas de paro para presionar al resto de los órganos del Estado.
