Cada cierto tiempo, un político encuentra una nueva tecnología a la que teme y decide que la única solución razonable es que el Estado la controle. Hoy le toca el turno a la inteligencia artificial. Y aunque el discurso se presenta como una defensa del pueblo frente a los multimillonarios, en el fondo esconde una lógica que la historia ya conoce bien: la del control estatal sobre los medios de producción disfrazado de propiedad privada.
Conviene recordar que el fascismo, tal como se practicó en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler, no consistió necesariamente en la expropiación total de las empresas. Consistió en algo más sutil: dejar que las compañías conservaran su nombre, sus dueños nominales y su apariencia de mercado, mientras el Estado decidía qué se producía, cómo se producía y para quién. Esa combinación —propiedad formalmente privada, decisión efectivamente estatal— es precisamente el molde que hoy se propone para la inteligencia artificial cuando se habla de que "la IA no pertenece a los multimillonarios, sino al pueblo" y que, por tanto, el Estado debe tener participación accionaria o poder regulatorio directo sobre las empresas del sector.
El argumento suena noble. ¿Quién no quiere que la tecnología beneficie a todos y no solo a un puñado de magnates? Pero la nobleza del objetivo no garantiza la nobleza del método. Cuando el Estado se convierte en socio o supervisor privilegiado de las empresas de IA, no está democratizando nada: está concentrando en un solo actor —él mismo— el control sobre una de las herramientas más poderosas de vigilancia, censura y manipulación de la información que se haya inventado.
Y ahí está el verdadero peligro, uno que trasciende las etiquetas partidarias. No importa si quien impulsa la medida es un socialista que sueña con regular a los multimillonarios o un populista de derecha que sueña con controlar a sus rivales políticos: una vez que el aparato estatal tiene la llave de la IA, esa llave sirve para cualquier cerradura. El poder que hoy se entrega pensando en un gobierno "amigo" mañana puede quedar en manos de un gobierno hostil. La historia boliviana y latinoamericana está llena de ejemplos de instituciones creadas con buenas intenciones y utilizadas después para perseguir opositores.
Tampoco debe ignorarse el efecto sobre la innovación. Cuando el Estado entra como actor privilegiado en un sector, tiende a favorecer a los jugadores ya establecidos, que rápidamente aprenden a usar la regulación como barrera de entrada contra nuevos competidores. Así, la promesa de "domar" a las grandes tecnológicas termina, paradójicamente, blindándolas frente a la competencia que podría desafiarlas.
Frenar o nacionalizar la inteligencia artificial por temor a sus efectos sobre el empleo tampoco resiste el análisis histórico. Cada revolución tecnológica —la máquina de vapor, la electricidad, internet— desplazó ciertos oficios y creó otros. Detener el avance tecnológico en nombre de preservar empleos específicos equivale a sacrificar el bienestar futuro de millones por proteger, temporalmente, a unos pocos.
Finalmente, hay algo revelador en el eslogan "los multimillonarios no deberían existir". Si la riqueza fuera intrínsecamente ilegítima, la crítica alcanzaría también a los millonarios que la enarbolan. La consistencia exige distinguir entre riqueza obtenida mediante privilegios estatales y riqueza obtenida ofreciendo productos que millones de personas eligen libremente usar.
No se trata de defender a ciegas a las grandes empresas tecnológicas, sino de reconocer que la respuesta al poder concentrado en manos privadas no puede ser un poder aún mayor concentrado en manos del Estado. La verdadera garantía contra el abuso —venga de donde venga— sigue siendo la competencia, la transparencia y los límites claros al poder político, no su expansión.
