Un análisis preliminar de la NASA estima que cerca de 58.870 edificaciones habrían resultado dañadas o colapsadas en Venezuela tras el doble terremoto registrado el pasado miércoles. La cifra surge de un procesamiento rápido de imágenes satelitales que busca dimensionar el impacto estructural en las zonas más afectadas, aunque la propia agencia aclara que se trata de información inicial sujeta a revisión.
El cálculo fue elaborado a partir de datos del radar del satélite Sentinel-1, parte del programa europeo Copernicus, combinando observaciones posteriores a los sismos con registros previos al evento. Según el sistema de análisis utilizado, los resultados “representan una estimación preliminar generada pocos días después del evento y aún no verificada completamente”, de acuerdo con la descripción técnica difundida por los equipos de monitoreo.
Las imágenes analizadas incluyen dos momentos clave: un primer registro tomado el 24 de junio por la noche en la franja occidental cercana al área epicentral, y un segundo conjunto captado el 25 de junio que abarca zonas densamente pobladas del área metropolitana de Caracas. Ambos fueron comparados con una base de datos de referencia para detectar cambios en la superficie urbana.
El método utilizado consiste en superponer y fusionar imágenes antes y después del sismo para identificar variaciones compatibles con daños estructurales. Este sistema permite generar mapas de afectación en poco tiempo, aunque no sustituye las evaluaciones en terreno ni los relevamientos oficiales de ingeniería.
En paralelo, la NASA activó su sistema de respuesta ante desastres, que publica mapas actualizados a medida que se reciben nuevos datos satelitales. Este mecanismo forma parte de una red internacional de observación que integra información geoespacial para apoyar tareas de emergencia en distintas regiones del mundo.
También la Agencia Espacial Europea (ESA) trabaja con los mismos datos del Sentinel-1 para elaborar mapas de deformación del suelo. A través de técnicas de interferometría satelital, se detectan desplazamientos milimétricos en la superficie terrestre comparando imágenes tomadas antes y después del evento sísmico.
Uno de los productos generados muestra una franja de impacto que se extiende desde el área metropolitana de Caracas hasta sectores cercanos a Puerto Cabello, a más de 200 kilómetros de distancia.
Panorama desolador
En el plano humanitario, organismos internacionales han comenzado a proyectar escenarios de mayor complejidad tras el incremento del número de víctimas y la destrucción de infraestructura. Entre las medidas anunciadas figura la adquisición de 10.000 bolsas mortuorias, acordada entre Naciones Unidas y las autoridades locales como previsión ante un posible aumento del balance de fallecidos.
El coordinador humanitario en Caracas, Gianluca Rampolla, señaló que aún no existe una cifra definitiva de desaparecidos y que las operaciones de búsqueda continúan activas. Según explicó, los equipos han decidido extender las tareas de rescate más allá de las primeras 72 horas debido a indicios de personas atrapadas bajo escombros en distintas zonas.
Las estimaciones oficiales más recientes sitúan el número de fallecidos en 1.719 personas, con más de 5.000 heridas y miles de desplazadas. A esto se suma el colapso parcial o total de miles de estructuras y un número creciente de réplicas que mantienen la actividad sísmica en la región.
La ONU también informó que se están habilitando centros de atención en áreas afectadas para asistir a familias desplazadas, con servicios de salud, alimentación, agua potable y apoyo psicosocial. Funcionarios humanitarios han señalado que la pérdida de viviendas y la incertidumbre sobre familiares desaparecidos han generado una crisis emocional extendida entre la población.
Las próximas fases de evaluación incluyen la remoción de escombros, el análisis de infraestructura crítica como hospitales y escuelas, y la planificación de posibles reubicaciones. Según los equipos técnicos, la reconstrucción requerirá estudios de suelo y coordinación sostenida con las autoridades locales para definir zonas seguras de reasentamiento.
