La empresa cementera Soboce recordó que el Estado boliviano no ha cumplido con la indemnización a la que se comprometió hace 16 años por la expropiación de su participación accionaria en Fancesa, según una carta obtenida por Brújula Digital.
La misiva, fechada el 29 de junio de 2026, fue firmada por Ricardo Barrientos, gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce, y enviada al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, Hugo César León, procurador general del Estado, y Rodrigo Arce, viceministro de Comercio Exterior.
Según el documento, Soboce –propiedad del Grupo Gloria, conglomerado de origen peruano que tiene presencia en más de 50 países– recordó que el Estado boliviano decretó la expropiación de su participación accionaria en Fancesa mediante el Decreto Supremo N° 0616, del 1 de septiembre de 2010, promovido por el expresidente Evo Morales.
Ese decreto establecía expresamente la obligación de indemnizar a Soboce por el valor de su participación accionarial en Fancesa (tenía 33,34%) y fijaba un plazo inicial de 180 días para la valuación y el pago; también disponía la transferencia de las acciones que Soboce tenía en Fancesa a la Gobernación de Chuquisaca.
La empresa afirmó que el Decreto N° 0616 “sigue pendiente de ejecutarse, dado que la compensación ahí prevista nunca ha sido pagada a Soboce”. Por ello, indicó, se vio en el pasado en la necesidad de activar los mecanismos legales previstos en las leyes bolivianas y de solicitar un arbitraje internacional para que el Estado cumpla con su obligación. Soboce estima en 296 millones de dólares el monto que debe obtener por esa indemnización.
La carta no hace referencia a la polémica internacional conocida la semana pasada tras el reporte de la Policía española que establece que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue contratado por Soboce mediante interpósita empresa para realizar un lobby en Bolivia a cambio de 200.000 euros (224.000 dólares).
Zapatero supuestamente debía conseguir de las autoridades bolivianas que se elimine un fallo contra Soboce por 744 millones de bolivianos a favor de Fancesa. Un fallo que la sala constitucional segunda de La Paz efectivamente dejó en suspenso ese fallo hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
En la carta se menciona este tema de manera indirecta al señalar que “queremos subrayar que durante estos años hemos venido defendiendo en los tribunales de Justicia nuestros derechos con absoluto respeto al debido proceso. Ninguna iniciativa institucional de nuestra corporación ha tenido como finalidad, directa o indirecta, interferir, presionar o distorsionar el curso de las acciones judiciales vigentes. Se trata de cauces completamente paralelos”.
La carta también detalla que, con posterioridad a que el DS fijara el derecho de Soboce a recibir la indemnización, Fancesa –ya entonces en manos de otros accionistas, entre ellos la Gobernación de Chuquisaca– interpuso una demanda civil contra Soboce por presunta competencia desleal.
Según la empresa, el argumento de esa demanda era que Soboce había utilizado en su momento, como garantía de un préstamo, las acciones que poseía en Fancesa, pero ese préstamo ya había sido pagado por Soboce antes de la expropiación. Por lo tanto, no habría lugar a esa supuesta “competencia desleal”.
Soboce denuncia que, más de 15 años después de la expropiación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó en febrero de 2025 la obligación de la empresa de pagar la mencionada indemnización de 744 millones de bolivianos a favor de Fancesa por la presunta competencia desleal, suma que incluía 479 millones de bolivianos por concepto de “daño al proyecto de vida”, concepto que no puede aplicarse a favor de personas jurídicas.
El TSJ rechazó ayer lunes el recurso de casación interpuesto por Soboce dentro del proceso por competencia desleal, con lo que quedó ratificada la sentencia anterior que dispone el pago de 744 millones de bolivianos, aunque este sigue en suspenso mientras no se pronuncie de manera definitiva el Tribunal Constitucional.
Asimismo, sostuvo que ha mantenido múltiples reuniones con distintos ministerios a lo largo de varios años para insistir en la defensa de sus inversiones conforme a los tratados internacionales suscritos por Bolivia. La empresa indicó que también expresó su disposición a alcanzar un acuerdo extrajudicial, pero que ello no tuvo efecto.
Soboce concluyó reiterando su disposición para establecer canales de diálogo con la autoridad correspondiente “dentro de un marco de mutua colaboración”.
