La conformación de una comisión especial del Senado para investigar los 53 días de bloqueos será una medida inútil si termina reducida a un simple saludo a la bandera. Bolivia no necesita otro informe destinado a acumular polvo en los archivos, sino una investigación seria que establezca toda la cadena de responsabilidades. No basta con cuantificar las pérdidas económicas o registrar las vulneraciones de derechos; es imprescindible identificar quiénes planificaron los bloqueos, quiénes los financiaron, quiénes los ejecutaron y cuáles eran los intereses políticos, económicos o criminales que perseguían. La impunidad es una invitación a la repetición. Si los responsables de haber paralizado al país durante casi dos meses no enfrentan consecuencias, el mensaje será que cualquier grupo con suficiente capacidad de presión puede volver a secuestrar la economía y poner en riesgo la vida de millones de bolivianos. La democracia no solo se defiende en las urnas, sino también garantizando que quienes atenten contra el Estado de derecho respondan ante la justicia. De lo contrario, los mismos actores volverán a golpear al país.