Bolivia acaba de padecer un bloqueo de más de 50 días que terminó por asfixiar los últimos suspiros de una economía en crisis. Las carreteras cortadas, los alimentos podridos en las rutas, el desabastecimiento de carburantes y la violencia impune en los puntos de cerco no fueron casualidades ni protestas legítimas; fueron la manifestación explícita del poder omnímodo del corporativismo sindical. Un poder monstruoso que, paradójicamente, ha sido construido, alimentado y mantenido por el propio pueblo boliviano. Vivimos con el enemigo en casa y somos nosotros quienes le pagamos la comida.
El andamiaje institucional de Bolivia se diseñó no para proteger al trabajador, sino para blindar a las cúpulas. La Constitución de 2009 y la obsoleta legislación laboral elevaron al sindicato al estatus de un supra-Estado. Les otorgamos inmunidad absoluta con patrimonios inembargables, les entregamos vehículos y sedes con recursos públicos, y obligamos a los ciudadanos de base a entregarles un porcentaje de sus salarios mediante aportes forzosos por planilla.
El resultado es aberrante: dirigentes que no trabajan por años, declarados "en comisión" con goce de haberes al 100%, mientras sus bases se empobrecen y el país se paraliza.
El debate político actual se ha concentrado en la necesidad urgente de una ley antibloqueos que tipifique de forma drástica penalidades contra quienes corten la libre circulación. Sin embargo, creer que una ley penal resolverá el problema es un error de diagnóstico. El bloqueo es solo el síntoma visible; la enfermedad es el sistema corporativista. Si solo se prohíbe el bloqueo, el monstruo mutará en tomas de tierras, avasallamientos mineros o sabotajes institucionales desde los ministerios y empresas públicas que hoy tienen secuestradas bajo la lógica del cogobierno.
Para salvar a Bolivia se requiere un desmontaje estructural y definitivo de este andamiaje. Primero, se debe consolidar la eliminación total de la obligatoriedad de los aportes sindicales por planilla; que el financiamiento de estas organizaciones sea estrictamente voluntario. Si un dirigente no rinde cuentas, no debe recibir un solo centavo del esfuerzo del trabajador. Segundo, se debe extinguir la figura de las declaratorias en comisión indefinidas: quien quiera hacer política sindical, que lo haga con su propio dinero y fuera de su horario laboral. Tercero, se debe eliminar el fuero sindical cuando este sea utilizado como un escudo de impunidad para cometer delitos comunes o bloquear el desarrollo económico.
El corporativismo sindical en Bolivia se ha convertido en el enemigo íntimo de la sociedad. Es una estructura parasitaria que criminaliza la productividad y extorsiona al ciudadano de a pie. La ley antibloqueos es apenas la primera trinchera de una guerra institucional más amplia. Si no aprovechamos este punto de quiebre histórico para desmantelar de raíz los privilegios legales y económicos de estas cúpulas, el monstruo volverá a atacar, y la próxima vez, la asfixia de Bolivia será terminal.
El corporativismo sindical en Bolivia se ha convertido en el enemigo íntimo de la sociedad. Es una estructura parasitaria que criminaliza la productividad y extorsiona al ciudadano de a pie. La ley antibloqueos es apenas la primera trinchera de una guerra institucional más amplia
