En términos generales, el poder es la capacidad de actuar y modificar la realidad. Cuando la sociedad entrega al presidente elegido la atribución constitucional de actuar sobre sus bienes y destinos, surgen extrañamente vacíos de autoridad. Entonces cabe preguntarse: ¿quién tiene realmente el poder?
El impacto del cerco a las ciudades de El Alto y La Paz, así como el bloqueo de carreteras en el territorio nacional, ha cambiado la realidad económico-social. Por un revés del destino, en Bolivia aumentaron la pobreza y el desempleo. Los protagonistas de este desafortunado cambio no necesitaron meritocracia; fue suficiente una decisión astuta, coordinada y ejecutada con brutalidad.
La mayoría de los ciudadanos enfrentó una realidad que no esperaba. Habían escogido una opción para encontrar seguridad y orden; ahora sienten miedo e inseguridad. Votaron para mejorar sus ingresos económicos, pero perdieron dinero. Los grupos movilizados consiguieron su infame propósito; el gobierno no cumplió con el suyo. El poder que no modifica la realidad de acuerdo con la intención prevista —en este caso, mejorar el bienestar de los bolivianos— es un poder fracasado.
Así como están las cosas, ¿tendrá el gobierno la capacidad suficiente para garantizar el orden público proponiendo únicamente como política prioritaria el tan mentado diálogo? Como se observa, la resistencia que encabeza el expresidente, refugiado en el trópico de Cochabamba, es plena y demoledora.
¿Qué es lo más inmediato ahora? ¿Negociar préstamos con organismos internacionales o, más bien, organizarse para que, llegado el caso, la gobernanza cumpla con su obligación de proteger los derechos fundamentales, impedir que se repitan los bloqueos y evitar que se pierdan millones en cuestión de días?
El buen juicio dicta que, desde hace semanas, ambas acciones eran ineludibles. Sin embargo, el problema radica precisamente ahí: no fue posible cuando lo más coherente era cumplir con ambas exigencias. Se impuso el discurso mordaz de la "oposición constructiva", acompañado de un gabinete indefenso y de un Parlamento escapista e irresponsable.
En todo momento se escucha la voz sindical prepotente, esa que lastima la vida ciudadana y tergiversa el sentido de la conversación nacional. La imaginación y la memoria de los testigos históricos quedaron pequeñas ante la magnitud de los hechos cometidos por los desalmados.
El presidente Rodrigo tiene a su favor el sentimiento de esperanza que anima a millones de ciudadanos, a pesar de estar quebrantados por aquellos otros bolivianos que buscan cumplir sus propios designios malvados. Sin embargo, el gobierno pacifista insiste en el recurso desgastado de la tolerancia; intenta transmitir calma y habla de seguridad, mientras que en los caminos bastan troncos y ramas, una volquetada de tierra y una veintena de piedras para interrumpir el tránsito. Así de fácil.
Se dice que, por esa causa, el perjuicio supera los 2.800 millones de dólares.
Pasar por alto estos detalles sería como negar la condición de impotencia frente a la furia de la agresión y la incapacidad culposa de la autoridad; sería desconocer que los espacios son escenarios conocidos y que los tiempos forman parte de una historia conflictiva. Una vez más, las consecuencias dejan cicatrices, porque del dinero perdido nadie se hará cargo.
