Ser bueno ya no conviene en Bolivia. Cumplir la ley, trabajar, producir, pagar impuestos y respetar las normas se ha convertido en una carga que no ofrece ninguna recompensa. Mientras tanto, quienes bloquean carreteras, paralizan ciudades, desafían a las autoridades y ponen en jaque al país consiguen lo que quieren: atención, negociación y poder. En Bolivia los villanos son más influyentes que quienes deberían defender el orden.
En manos de un gobierno que se resiste a poner orden, está consolidándose una cultura donde la fuerza vale más que la norma y donde la capacidad de presión es más importante que la razón, sin importar los oscuros intereses que hay detrás de las falsas protestas sociales. El Estado es incapaz de responder y el mensaje que recibe la sociedad es demoledor. Si se cumplen las reglas, nadie escucha. Si se violan, se obtiene una mesa de negociación.
Mientras tanto, el ciudadano común vive una realidad completamente distinta. El pequeño comerciante debe cumplir decenas de requisitos para trabajar. El emprendedor enfrenta impuestos, controles, permisos y trámites interminables. El productor debe soportar regulaciones, inspecciones y obligaciones permanentes. Para vender cualquier producto se exige autorización, certificación y registro. El Estado aparece con toda su fuerza cuando se trata de fiscalizar a quienes intentan hacer las cosas correctamente.
Esa misma firmeza desaparece frente a quienes paralizan el país. Quienes afectan derechos fundamentales parecen disfrutar de una tolerancia que el ciudadano honesto jamás recibe. La ley se vuelve rigurosa con el que trabaja y sorprendentemente flexible con el que presiona. La consecuencia es una sensación creciente de injusticia que erosiona la confianza social.
Los ciudadanos aceptan respetar la ley porque el Estado garantiza seguridad, justicia y protección. Pero cuando ese pacto se rompe, la obediencia comienza a verse como una desventaja.
La lógica de la mafia prospera donde el Estado fracasa. El productor, el transportista, el comerciante y el trabajador observan que quienes desafían el orden consiguen resultados más rápidos que quienes respetan las normas. Esa percepción tiene efectos devastadores sobre la convivencia.
Una nación comienza a deteriorarse cuando deja de premiar las conductas responsables y recompensa a los criminales. Cuando la transgresión se vuelve rentable y el cumplimiento se vuelve costoso. El mérito pierde valor y la presión gana terreno.
Si el Estado continúa escuchando únicamente a quienes tienen capacidad de paralizar el país, muchos terminarán sacando una conclusión tan lógica como trágica: en Bolivia, los "chicos malos" siempre ganan y lo mejor es aliarse a ellos. Cuando una sociedad llega a esa conclusión, el problema ya no es un gobierno ni una crisis política. Se desmorona la fe en la ley y se impone la lógica de la mafia, la única capaz de garantizar protección.
El desafío no es resolver un conflicto, es reconstruir la idea de que vale la pena actuar dentro de la ley. Que el ciudadano honesto merece protección. Que quien trabaja y produce no puede ser el último en la fila de las prioridades nacionales. Y que la autoridad existe para defender a la sociedad, no para negociar indefinidamente con quienes la mantienen bajo amenaza.
