El presidente Rodrigo Paz insiste en que el diálogo vencerá a los bloqueos. Lo repite una y otra vez. Cree que el desgaste de las protestas terminará imponiéndose y que, poco a poco, las carreteras volverán a abrirse. Es posible que tenga razón. De hecho, algunos bloqueos ya han comenzado a debilitarse y cada día resulta más evidente que los sectores movilizados no lograrán su objetivo principal: forzar la renuncia presidencial.
Pero mientras el país se acerca a los cincuenta días de paralización, surge una pregunta que nadie responde: ¿de qué dialogan?
Nadie sabe exactamente cuáles son los temas que se negocian ni cuáles son las concesiones que se están poniendo sobre la mesa.
¿Dialogan sobre aumentos salariales imposibles de financiar en una economía quebrada? ¿Sobre la continuidad de subsidios que consumen recursos que el Estado ya no tiene? ¿Sobre la paralización de reformas que podrían atraer inversiones? ¿Sobre la preservación de privilegios políticos construidos durante dos décadas?
Bolivia no enfrenta únicamente una crisis coyuntural provocada por los bloqueos. Los bloqueos son un síntoma. El problema de fondo es mucho más profundo.
El país arrastra un agotamiento estructural que viene de años. La caída de la producción de gas, el crecimiento descontrolado del gasto público, las empresas estatales deficitarias, el déficit fiscal permanente, la falta de seguridad jurídica y la ausencia de inversiones han creado una situación explosiva que no admite debate alguno.
Bolivia está bloqueada por un modelo económico que agotó sus posibilidades, por normas que desalientan la inversión. Está bloqueada por una estructura estatal sobredimensionada que consume recursos sin generar riqueza, por una cultura política que premia la presión corporativa antes que la productividad.
Por eso resulta legítimo preguntarse qué es exactamente lo que se negocia.
Si el diálogo consiste en garantizar que nada cambie, el problema seguirá intacto. Si consiste en preservar empresas estatales inviables, mantener subsidios insostenibles, postergar reformas energéticas urgentes o seguir distribuyendo cuotas de poder entre organizaciones políticas y sociales, el resultado será simplemente ganar tiempo mientras la crisis continúa profundizándose.
Bolivia necesita decisiones difíciles. Necesita atraer inversión en hidrocarburos antes de que la dependencia energética se vuelva irreversible. Necesita ordenar sus finanzas públicas. Necesita recuperar autoridad institucional. Necesita combatir con eficacia el narcotráfico, el contrabando y la informalidad que debilitan al Estado. Nada de eso es compatible con las demandas de quienes han mantenido al país paralizado durante semanas.
Si el diálogo busca construir soluciones para el futuro, los bolivianos tienen derecho a conocerlas. Pero si solamente busca administrar el conflicto sin resolver las causas profundas de la crisis, entonces estaremos ante una tregua temporal y no ante una salida real.
