Ante el colapso del orden institucional en Bolivia, algunos bolivianos comenzarán a preguntarse ¿con quién conviene firmar el nuevo contrato social? Un empresario, por ejemplo, concluirá con toda razón, que los impuestos que paga al Estado —y que deberían garantizar la producción, el transporte y comercio de sus mercancías— están mal invertidos, pues el Estado no protege, pese a que su comportamiento es extorsivo contra quienes trabajan y cumplen religiosamente sus obligaciones. Contratar a la COB y a otras organizaciones que controlan las carreteras y son temidas por el gobierno y el ejército, seguramente será más conveniente. Por un monto similar al de los impuestos que hoy pagan a cambio de nada, los muchachos de la COB ofrecerán libre tránsito el año redondo y encima de eso estarán dispuestos a prestar servicios adicionales, como sacar a patadas a los abusivos de Impuestos Internos, poner a raya las regulaciones, controles y prohibiciones estatales y asegurarse de que ninguna empresa sufra los calvarios de un sistema altamente intervencionista. Parece broma, pero es la realidad de un Estado fallido.