A cuarenta y cinco días del inicio de los bloqueos, la evolución de los acontecimientos parece confirmar una hipótesis que sostuve en mi anterior columna, “Morales y su voraz apetito de sangre”. Detrás de las protestas, amparadas en demandas sociales irresueltas, emerge con mayor claridad un objetivo político: alterar la configuración del poder. El propósito final, evidentemente, es el acortamiento del mandato presidencial.
El enorme malestar social provocado por el escándalo de la denominada “gasolina basura”, sumado al rechazo que despertó la Ley 1720 —posteriormente abrogada— y otros episodios controvertidos, creó el escenario propicio para la conflictividad. Sobre ese descontento legítimo se montó una estrategia política que hoy se revela con mayor nitidez.
Convergen en objetivos y métodos dos actores: el evismo, cuyo líder ya le advirtió a Rodrigo que “tiene los días contados”, y la dirigencia sindical corporativa que durante dos décadas colonizó el Estado hasta considerar que le pertenecía. Tras el cambio de gobierno, ambos perdieron espacios de poder, influencia y privilegios. Antes estuvieron divididos; hoy vuelven a encontrarse.
La estrategia desplegada parece clara: bloqueos indefinidos, cercos a las ciudades —especialmente La Paz—, marchas permanentes y una negativa sistemática al diálogo. Todo ello evidencia que el conflicto ya no gira únicamente en torno a reivindicaciones sectoriales, sino a objetivos esencialmente políticos.
La acumulación de presión busca generar convulsión y violencia. Ese desenlace resulta funcional a sus intereses. Por ello, más que el propio Gobierno, algunos sectores movilizados parecen desear la aplicación inmediata de medidas excepcionales. No les importan los daños económicos ni el sufrimiento que provocan. Ojalá no se llegue a extremos lamentables como los vividos en otros momentos de nuestra historia.
Dentro de sus cálculos, la escalada debía producir rápidamente episodios de violencia con consecuencias fatales, acelerando una crisis de gobernabilidad y la eventual renuncia presidencial. La referencia inevitable es octubre de 2003, cuando la confrontación dejó decenas de muertos y precipitó la caída del gobierno.
Sin embargo, el contexto actual presenta diferencias importantes. En 2003 las movilizaciones lograron articular a amplios sectores de la sociedad civil y las demandas alcanzaron una importante legitimidad social. Hoy ocurre lo contrario: más allá de la exigencia de renuncia presidencial, las reivindicaciones aparecen difusas y carecen de una adhesión masiva.
Aunque existe un evidente malestar económico, la consigna de acortar el mandato no parece haber conseguido el respaldo de otros sectores de la sociedad. Por el contrario, después de cuarenta y cinco días de bloqueos, los efectos económicos y sociales comienzan a erosionar la legitimidad de las protestas. Comerciantes, productores, transportistas, trabajadores independientes y miles de familias sufren diariamente las consecuencias de una paralización que golpea, sobre todo, a los sectores más vulnerables.
En este contexto, la prudencia gubernamental adquiere una importancia decisiva. Cada exceso represivo, cada enfrentamiento descontrolado y cada víctima fatal podrían modificar radicalmente el curso del conflicto y fortalecer la narrativa de quienes buscan ampliar la protesta.
Los costos acumulados son enormes. Más allá de las pérdidas económicas, existen daños sociales y humanos cuya reparación demandará tiempo. Cientos de miles de personas han visto afectados sus ingresos, su producción y sus actividades cotidianas. Muchos transportistas permanecen varados durante días en condiciones extremadamente difíciles.
Paradójicamente, esos costos parecen ocupar un lugar secundario frente a los objetivos políticos de los actores involucrados. Para Evo Morales, modificar la actual correlación de fuerzas constituye una condición indispensable para recuperar protagonismo político y garantizar su propia supervivencia. En esa lógica, la profundización de la crisis aparece como un instrumento antes que como un problema.
Resulta prematuro anticipar el desenlace. Sin embargo, parece evidente que la resolución del conflicto dependerá de la capacidad del Gobierno para evitar que la escalada derive en episodios de sangre y violencia. La inteligencia política, la prudencia y la precisión serán más eficaces que cualquier respuesta impulsiva.
Pero incluso si el Gobierno supera esta coyuntura, la verdadera prueba comenzará después. Sobrevivir políticamente no equivale a gobernar con éxito. Si la crisis se disipa y Rodrigo Paz no corrige las deficiencias que han erosionado su credibilidad —ineficacia, falta de respuestas estructurales y corrupción—, la fragilidad persistirá.
En política, las segundas oportunidades son escasas. Y los gobiernos no caen únicamente por la fuerza de sus adversarios; suelen caer, sobre todo, por la acumulación de sus propios errores.
*El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
