No entiendo. ¿Acaso la ciudadanía no sospechaba desde hace años —o incluso daba por hecho— que el Chapare estaba infiltrado por organizaciones vinculadas al narcotráfico, incluyendo redes de distintas nacionalidades? ¿Acaso el presidente Paz y, al menos, algunos de los excandidatos presidenciales no conocían con bastante más detalle la magnitud de este problema?
Durante más de dos décadas hemos visto indicios, denuncias y, en muchos casos, evidencias. Sin embargo, pocos se atrevieron a levantar demasiado polvo. La razón era simple: sectores del propio aparato estatal estaban comprometidos con esa realidad, incluidas autoridades del sistema judicial. Por ello, no debería sorprender que el narcoterrorismo esté financiando la movilización de miles de manifestantes convertidos en instrumentos de presión política durante ya casi cincuenta días. Tampoco debería extrañar que grupos asentados en el Chapare, bolivianos y extranjeros, tengan acceso a armamento moderno y de diversos calibres.
El presidente Paz ha demostrado, cuando menos, una preocupante falta de visión y liderazgo en la conducción del país. En siete meses de gobierno, más allá del incremento del precio de los combustibles al inicio de su gestión —una medida relativamente sencilla porque la población la esperaba y la consideraba necesaria para normalizar el abastecimiento—, poco más puede exhibir. Sí, aumentó el salario mínimo, implementó transferencias temporales bajo el programa PEPE, en detrimento del abultado déficit fiscal, y presentó un presupuesto profundamente demagógico, que parece más una prolongación del legado económico del gobierno anterior que un verdadero cambio de rumbo. Ahí tenemos la evidencia de la madera impregnada de droga transportándose y comercializándose como si fuera pollo.
La falta de rumbo del país sería producto de una campaña demagógica que no contaba —y no cuenta hasta el día de hoy, siete meses después de asumir el gobierno— con un plan de gobierno; de su alianza con un PDC infestado de masistas; y de su tibieza. En medio de ese vacío y de esta espiral descendente, nos encontramos los bolivianos.
Frente a los bloqueos y a la acción cada vez más abierta de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, surge una pregunta inevitable: ¿seguirá el Presidente pidiendo o suplicando diálogo mientras grupos organizados desafían al Estado?
La magnitud del problema exige algo más que declaraciones. El gobierno debería estar diseñando una estrategia integral, incluso explorando mecanismos de cooperación internacional, para enfrentar de una vez por todas este flagelo heredado de los años de Evo Morales y del MAS. Actuar en solitario sería extremadamente difícil. El Estado boliviano cuenta con legitimidad democrática y respaldo constitucional, pero sus capacidades institucionales y operativas son limitadas para confrontar redes criminales que operan con recursos, logística y conexiones internacionales.
Nadie debe hacerse ilusiones: quienes controlan un negocio multimillonario no renunciarán a él voluntariamente. Defenderán sus intereses al precio que sea necesario, incluso si ello implica más violencia y más vidas perdidas. Cualquier intervención deberá ser cuidadosamente planificada, ejecutada con inteligencia y, sobre todo, con capacidad de sorpresa. La tecnología actual ofrece herramientas que antes no existían. Utilizadas correctamente, podrían reducir riesgos y aumentar las probabilidades de éxito. Si se actúa de manera improvisada, en cambio, las consecuencias humanas, sociales y políticas podrían ser mucho más graves.
Ha llegado la hora de enfrentar uno de los legados más dañinos que dejaron Evo Morales y el MAS. Esta no es una tarea exclusiva del gobierno; es un desafío nacional. Los líderes políticos, las instituciones y la ciudadanía deberían respaldar sin ambigüedades toda iniciativa destinada a recuperar el control del Estado sobre su territorio, a curar y salvar a la patria del narcoterrorismo.
Si Bolivia logra vencer esta amenaza —y debe hacerlo—, ese podría convertirse en el legado del actual Presidente: un legado que, hasta ahora, sigue siendo una promesa pendiente para una población cada vez más decepcionada.
