Los más de cuarenta días de bloqueos que han paralizado regiones enteras del país han dejado una sola conclusión: el conflicto nunca tuvo como objetivo una reivindicación social concreta. No hubo una agenda económica, laboral o productiva. No existió una demanda estructural capaz de justificar semejante nivel de confrontación. Lo que sí quedó expuesto fue una demostración de fuerza. Una advertencia. Un mensaje dirigido al Estado y a la sociedad boliviana.
Mientras distintos sectores comienzan a mostrar señales de desgaste, cansancio y división, Evo Morales ha dejado claro que la verdadera finalidad de esta movilización fue exhibir su capacidad de presión.
¿Qué busca realmente Evo Morales? La respuesta parece cada vez más evidente. Busca negociar su impunidad, demostrar que cualquier intento de hacer cumplir la ley tendrá consecuencias, convencer al gobierno de que el costo político y social de detenerlo será demasiado alto.
Sin embargo, esa estrategia ha producido el efecto contrario. Si antes existían dudas sobre la necesidad de aplicar la ley, hoy la urgencia es mucho mayor. Ningún país puede construir estabilidad cuando una sola persona conserva la capacidad de paralizar carreteras, desestabilizar instituciones y condicionar permanentemente la gobernabilidad.
La situación es aún más grave por los vínculos de Morales con el narcotráfico, el gran financiador de los conflictos y el responsable de sostener mecanismos de presión política. Mantener bloqueos durante más de cuarenta días requiere recursos, logística y coordinación que difícilmente pueden explicarse únicamente por aportes voluntarios.
Bolivia enfrenta así un problema que trasciende a una figura política. Se trata de la penetración de estructuras de poder paralelas que buscan influir en las decisiones del Estado. El narcotráfico no solamente corrompe instituciones y destruye economías; también puede convertirse en un factor de desestabilización política. Cuando eso ocurre, la democracia deja de competir contra adversarios políticos y comienza a enfrentar organizaciones con enormes recursos económicos y capacidad de coerción.
Cualquier decisión destinada a detener a Morales debe realizarse dentro del marco constitucional y el debido proceso. Nadie está por encima de la ley, pero tampoco la ley puede ser sustituida por la arbitrariedad. Precisamente por eso el Estado debe demostrar que posee la fortaleza institucional suficiente para hacer cumplir las resoluciones judiciales sin caer en provocaciones ni en excesos.
La historia demuestra que los países no resuelven sus crisis mientras toleran la existencia de poderes paralelos. Bolivia no puede permanecer indefinidamente a la espera del próximo bloqueo, de la próxima amenaza o del próximo intento de chantaje político. La paz, la gobernabilidad y la recuperación económica exigen decisiones difíciles.
Porque cuando una serpiente amenaza permanentemente la estabilidad de una nación, el problema no está en la cola. El problema está en la cabeza. Y es allí donde debe actuar el Estado.
