Sobre cómo nos dejó el régimen masista he escrito bastante. Particularmente, sobre las generaciones que nos tomará reparar el enorme daño institucional, político y social que produjo. Mientras tanto, pareciera que estamos obligados a vivir condenados, como si estuviéramos pagando, en vida, las consecuencias de uno de los experimentos políticos más destructivos de nuestra historia.
Odio, violencia, racismo, intolerancia y crueldad: todo aquello que refleja las peores miserias humanas aflora hoy con una intensidad alarmante. Una sociedad atrapada en esas pulsiones difícilmente podrá construir un futuro y corre el riesgo de quedar prisionera de sus propios resentimientos.
Lo que vivimos no es resultado de demandas irresueltas de la Colonia o del ciclo neoliberal. Se trata, fundamentalmente, de demandas acumuladas durante los veinte años del propio régimen masista. Muchas de las reivindicaciones que hoy aparecen en las calles debieron haber sido atendidas precisamente por quienes controlaron el Estado durante dos décadas. Esto significa que el «proceso de cambio» no resolvió los problemas que prometió solucionar; por el contrario, terminó reproduciendo muchos de ellos bajo nuevos actores y nuevas narrativas.
Es cierto que se produjo una importante inclusión política. El sujeto «indígena originario campesino» accedió a espacios de poder históricamente vedados y participó en la gestión del mayor excedente económico de la historia. Sin embargo, esa inclusión no se tradujo en beneficios reales para las bases sociales. El principal favorecido fue una nueva élite dirigente surgida desde las estructuras sindicales: los «nuevos ricos azules». Mientras las bases continuaban enfrentando precariedades históricas, numerosos dirigentes acumularon poder, influencia y privilegios.
La mayor traición, empero, fue silenciosa: ocurrió en el terreno de la formación y la conciencia crítica. La educación jamás fue concebida como herramienta de emancipación. Una ciudadanía educada e informada es incompatible con cualquier proyecto que aspire a perpetuarse mediante la ignorancia y la obediencia ciega. Por ello se alimentó una explicación simplista de la realidad: todo se reduce a la amenaza del «imperio» y a la defensa de los recursos naturales, mientras la responsabilidad interna desaparece del debate.
Lo que hoy observamos en las calles no es una explosión espontánea de demandas sociales, sino la reacción de estructuras corporativas que durante años participaron activamente del poder y que ahora pretenden recuperarlo. Los «sindicatos» que exigen la renuncia de Rodrigo Paz no fueron actores marginales durante el régimen anterior: formaron parte de la estructura estatal y se beneficiaron de un sistema de cuotas y privilegios. Para recuperar esos espacios, utilizan nuevamente a sus bases como «carne de cañón», en alianza con Evo Morales, cuyo principal objetivo es la impunidad y su retorno al escenario político.
Las consecuencias son evidentes: familias sin ingresos, productores arruinados, pacientes sin atención médica y una creciente incertidumbre. Los mayores perjudicados no son las élites enfrentadas por el poder; son, una vez más, los más pobres.
Por eso cabe la pregunta incómoda: ¿cuántas generaciones serán necesarias para reconstruir instituciones, recuperar la confianza pública y restaurar una cultura democrática basada en ciudadanos y no en clientelas? La experiencia histórica es clara: destruir instituciones toma pocos años; reconstruirlas exige décadas.
El régimen masista no solo dejó una economía debilitada o una justicia deteriorada. Dejó una profunda deformación institucional y social. Si la convulsión de esta minoría organizada —ahí radica su fuerza— obtiene resultados, estaremos, sin exagerar: condenados.
*El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón.
