A estas alturas de la crisis de octubre de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ya había abandonado el poder. Después de más de un mes de bloqueos, movilizaciones y una escalada constante de confrontación, su gobierno terminó cayendo en la trampa que le tendieron los movimientos sociales: responder con la fuerza a una situación diseñada para provocar una reacción estatal que alimentara la indignación popular.
El resultado fue trágico. Más de 60 muertos que precipitaron la renuncia del mandatario. Aunque desde una perspectiva institucional aquello constituyó un golpe de estado, gran parte de la opinión pública nacional e internacional lo interpretó como una legítima rebelión campesina e indígena contra un gobierno incapaz de escuchar las demandas populares.
Veintitrés años después, Bolivia atraviesa una crisis prolongada que inevitablemente invita a realizar comparaciones. Sin embargo, las diferencias son tan importantes como las similitudes. Tras más de cuarenta días de bloqueos, el gobierno de Rodrigo Paz no ha caído y, sobre todo, ha evitado responder con una represión generalizada que permita a sus adversarios construir una narrativa de masacre o persecución.
La estrategia de resistencia institucional ha impedido que los promotores del conflicto obtengan el elemento que más necesitan: imágenes de violencia estatal que puedan transformar una movilización cada vez más cuestionada en una causa nacional. En lugar de ello, el Ejecutivo ha logrado posicionar la idea de que los bloqueos forman parte de una operación política destinada a desestabilizar al país.
La percepción pública también ha cambiado. Mientras en 2003 la mayoría de los bolivianos veía a los movilizados como sectores populares enfrentados a un gobierno aislado, hoy existe una creciente convicción de que detrás de las protestas operan intereses vinculados al poder político de Evo Morales y a estructuras relacionadas con el narcotráfico. Esa diferencia es crucial porque define el terreno en el que se libra la batalla de la legitimidad.
En este contexto, Evo Morales acaba de cometer su error político más importante. Durante semanas intentó presentar las movilizaciones como una reacción espontánea de las bases sociales. Sin embargo, sus propias declaraciones terminaron confirmando su papel en la planificación y conducción de la protesta. Con ello, la movilización perdió cualquier resquicio de legitimidad que intentaba proyectar.
Ahora surge una nueva escalada: el cerco y la amenaza de toma de unidades militares y policiales. Se trata de un paso mucho más grave que un bloqueo de carreteras. Cuando se promueve la presión directa sobre instalaciones armadas del Estado, el conflicto deja de ser una protesta social para ingresar en el terreno de la sedición. Es la última trampa. Provocar una confrontación con las fuerzas del orden para generar el escenario de violencia que hasta ahora no ha ocurrido. La democracia boliviana enfrenta hoy una prueba decisiva: mantener la autoridad del Estado sin caer en la provocación. Si en 2003 la trampa funcionó, en 2026 el desafío consiste precisamente en evitar que vuelva a hacerlo.
Es la última trampa. Provocar una confrontación con las fuerzas del orden para generar el escenario de violencia que hasta ahora no ha ocurrido. La democracia boliviana enfrenta hoy una prueba decisiva: mantener la autoridad del Estado sin caer en la provocación. Si en 2003 la trampa funcionó, en 2026 el desafío consiste precisamente en evitar que vuelva a hacerlo.
