Una representante colombiana ordenó este miércoles 10 de junio de 2026 la "suspensión provisional" del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, en el marco de una investigación por su presunta participación en la campaña electoral para escoger a su sucesor. La decisión, sin embargo, fue desestimada casi de inmediato por integrantes del propio Congreso y por el Gobierno nacional, que advirtieron que la instancia que emitió la orden carece de atribución constitucional para hacerlo.
La medida fue anunciada por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de gobierno de Petro. Arizabaleta justificó su decisión argumentando que la permanencia del mandatario en el cargo podría interferir en el trámite de la investigación que adelanta esa comisión en su contra.
La presidenta de la comisión también señaló que la intervención en política por parte de un funcionario está tipificada como "falta gravísima" en el ordenamiento jurídico colombiano y que la jerarquía del investigado y la trascendencia de la presunta falta justificaban la medida. La Comisión había abierto previamente una indagación contra Petro por denuncias de presunta injerencia en la campaña electoral que definirá a su sucesor en el poder.
La reacción del Gobierno no tardó. El ministro del Interior, Armando Benedetti, hombre de confianza de Petro, salió a rechazar públicamente la orden y fue categórico: la Comisión de Acusaciones de la Cámara no tiene competencia jurídica para suspender al presidente de la República.
Benedetti explicó a través de su cuenta en la red social X que la comisión es un órgano de instrucción, no de sanción, y que el único habilitado para suspender al jefe de Estado es el Senado, y solo después de que la plenaria de la Cámara actúe formalmente como ente acusador en materia penal o disciplinaria. "Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos por la voluntad de una sola representante", puntualizó el ministro.
El respaldo constitucional a esa interpretación es claro: según la Carta Política colombiana, si la comisión encuentra mérito para sancionar al presidente, su función se limita a formular una acusación ante el Senado, que es el cuerpo con facultad para juzgar al jefe de Estado. La comisión, por sí sola, no puede ejecutar ninguna sanción.
La desautorización no vino solo del Ejecutivo. El expresidente del Senado y excandidato presidencial Roy Barreras coincidió con Benedetti y fue contundente al afirmar que la decisión anunciada por Arizabaleta "no tiene ninguna validez jurídica", sumando una voz de peso político en el rechazo transversal a la medida.
Desde el interior de la propia comisión también surgieron voces que desmintieron lo ocurrido. El congresista Alejandro Ocampo, también integrante del Pacto Histórico y miembro de esa instancia legislativa, negó que se hubiera tomado decisión alguna contra el mandatario y atribuyó la confusión a una acción unilateral de Arizabaleta sin respaldo del cuerpo colegiado.
"Quiero informar a la opinión pública que no hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro", declaró Ocampo. El parlamentario añadió que el asunto "ni siquiera se tiene pensado discutirlo" en la comisión, dejando en evidencia el aislamiento de la posición adoptada por su presidenta.
La controversia se produce en un momento de alta tensión política en Colombia, con las elecciones presidenciales en el horizonte y el gobierno de Petro en el centro del debate por las acusaciones de intervencionismo en el proceso electoral. El presunto aprovechamiento del cargo para favorecer determinadas candidaturas ha generado una creciente presión opositora sobre el mandatario en sus últimos meses en el poder.
El episodio pone de manifiesto las tensiones internas dentro del Pacto Histórico, dado que tanto Arizabaleta como Ocampo y Benedetti pertenecen al mismo espacio político que respalda al presidente, y sin embargo adoptaron posiciones abiertamente contradictorias sobre la validez de una misma medida ante la opinión pública.
Al cierre de esta nota, Petro continuaba ejerciendo sus funciones con normalidad. La orden de Arizabaleta quedó, en la práctica, sin efecto ante el rechazo generalizado de sus propios colegas y del Gobierno, aunque el episodio dejó instalado en el debate público colombiano el interrogante sobre los alcances reales de la investigación que la Cámara de Representantes adelanta contra el jefe de Estado.
