El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este martes que el cerco a unidades militares, anunciado previamente por el expresidente Evo Morales, reafirma la existencia de una “conspiración financiada por el narcoterrorismo” en el país.
El ministro acusó al expresidente de instruir a los sectores sociales que lo apoyan a rodear unidades militares y policiales, con el objetivo de facilitar su toma por parte de grupos vinculados al narcoterrorismo.
“Reafirma esto la tesis de la declaración del Gobierno boliviano de que no estamos viviendo un conflicto social con sectores de diferentes regiones del país; estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional y legal”, afirmó Oviedo.
Más temprano, Morales señaló haber recibido información del cerco a la mayoría de las unidades militares de La Paz, excepto la de Viacha. Incluso mencionó los cuarteles bajo asedio entre ellos los destacamentos de Ingavi, Murillo, Lanza, Ayacucho y Guaqui.
La Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunció el lunes que sus bases iniciarán una vigilia y asumirán la “toma de instalaciones militares” ubicadas en ese municipio, ante la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz decrete estado de excepción.
El dirigente intercultural Mario Rivera advirtió que su sector no se hará responsable de las posibles consecuencias que puedan generarse en el trópico y en contra de efectivos policiales y militares.
Pese al clima conflictivo, Oviedo remarcó que la declaratoria de Estado de excepción es una decisión que será analizada en el momento que corresponda por el presidente Rodrigo Paz Pereira y el gabinete.
“Para dejar de lado especulaciones que han estado circulando. Esta es una atribución del Gabinete, a la cabeza del presidente, y será tratada en el momento en que corresponda tratarse, lo demás son especulaciones”, remarcó Oviedo en conferencia de prensa este martes.
Más temprano, el arzobispo de La Paz, Percy Galván, sugirió que se dicte la medida de manera regionalizada, con foco en el Trópico de Cochabamba. Además las Iglesias Evangélicas Unidas presentaron una Acción Popular para obligar a Rodrigo Paz a dictar el Estado de excepción en una jornada en la que se cumplen 40 días del inicio de los conflictos.
