En cada momento que pasa, se piensa que la renaciente versión democrática puede llegar a una situación terminal. Las expectativas aumentan en ese sentido, al menos para dos millones de votantes que cruzan los dedos y esperan que el presidente Rodrigo renuncie y se vaya. Las movilizaciones sociales fueron planeadas durante meses, desde que asumió el nuevo gobierno, aun si este hubiese sido un ejemplo elogiable de aciertos. Ante esa perspectiva, al presidente Rodrigo le faltaron mediadores políticos expertos para anticiparse a los problemas, prevenir las avalanchas humanas y evitar, por todos los medios, un estallido social.
Se afirma que el dinero para sostener los bloqueos proviene del narcotráfico. De ser así, es peor, porque esa fuente de fondos es inagotable y está ligada a un consorcio internacional.
Analistas de otros países preguntan si los revoltosos protestan por la infracción de normas constitucionales, por altos principios éticos conculcados, por la vulneración de derechos humanos o por alguna otra razón grave que justifique su intransigencia. Incluso se niegan al diálogo y a discutir las verdaderas razones por las cuales agudizan los cercos a las ciudades, provocan la escasez de alimentos, oxígeno y medicamentos, y permanecen despiadadamente inmutables ante las alarmas de ambulancias que transportan enfermos y heridos en situación crítica; mujeres arrodilladas pidiendo que cese el castigo y ancianos tristes arrastrando los pies para vencer la distancia infinita de su abandono.
A pesar de tales actitudes extremas, todavía quedan los condescendientes, para quienes los bloqueadores se replegarían ante las primeras arremetidas policiales. Por el contrario, ahora son estos quienes tienen que vérselas con quienes saben ser estrategas opositores en calles y caminos: su conocida trinchera de lucha.
Los violentos confabulados dominan la situación. Ellos resolverán, cuando les plazca, si asisten o no al diálogo con los ministros. La coyuntura es tan extrema que las poblaciones —o partes de ellas— dejan de preocuparse por la democracia. Son miles de familias pobres que soportan la desdicha y esperan que, de cualquier manera, llegue el final. “No importa quién gobierne, queremos que nuestros hijos coman”. Eso sucede en Bolivia, una nación castigada por los propios bolivianos.
Al mismo tiempo, otros involucrados en el colapso esperan más favores de los ya recibidos y lanzan acaloradas críticas por lo que el gobierno no hizo. Sus conminatorios pronunciamientos exigen que el presidente Paz termine con los bloqueos; sus advertencias inoportunas aumentan la debilidad de un gobierno al que dicen apoyar.
“Durante la presidencia de Jaime Paz Zamora (1989-1993) no se registró represión estatal que dejara una cifra oficial de víctimas fatales”. Al parecer, ese hecho pesa mucho sobre las decisiones de su hijo, Rodrigo Paz. Los policías actuaron bajo la instrucción de evitar situaciones extremas; solo sería necesario controlar el desorden hasta que los movilizados se rindan y acepten el diálogo, habría reflexionado alguien con voz de autoridad.
Sin embargo, dadas las circunstancias, conviene recordar lo que habría dicho Maquiavelo: “El que permite el desorden para evitar una guerra tiene primero un desorden y luego una guerra”.
